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En un avance legislativo clave, la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados aprobó de forma unánime el proyecto de ley que establece la realización de un test de drogas obligatorio para autoridades electas y candidatos a cargos de elección popular.
La iniciativa, impulsada por la diputada Paula Labra, busca combatir el narcotráfico y la narcopolítica mediante medidas concretas y transparentes, como la publicación de los resultados y la remoción automática de aquellos que resulten positivos.
El diputado Rubén Oyarzo, presidente de la comisión, destacó la relevancia del proyecto al afirmar que "se ha dado un gran paso en la lucha contra el narcotráfico y la narcopolítica". Además, emplazó a los distintos sectores políticos a apoyar la iniciativa cuando esta sea sometida a votación en la Sala. "Sin consumidores no hay narcotráfico", agregó Oyarzo.
El proyecto, que también contempla el levantamiento del secreto bancario como medida complementaria, tiene como objetivo fortalecer la transparencia y evitar cualquier tipo de vínculo entre autoridades públicas y el narcotráfico. Según lo aprobado, aquellos que no superen el test de drogas perderán automáticamente sus cargos, lo que refuerza la integridad de los procesos electorales y políticos.
Este avance legislativo genera expectativas de una amplia discusión en el pleno de la Cámara, donde se espera que sea aprobado para avanzar hacia su promulgación.
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