Momentos de terror se vivieron en la noche del martes en el Servicio de Alta Resolutividad (SAR) Norte, en la ciudad de Los Ángeles, luego de ser amenazados por delincuentes armados, hecho que no solo obligó a activar un fuerte dispositivo de resguardo, sino que generó reuniones de alto nivel para brindar más seguridad a los funcionarios y usuarios.
El hecho se suma a delitos similares ocurridos en las últimas semanas en establecimientos públicos de atención de salud en la Región Metropolitana y en la zona del Gran Concepción, que han causado profunda preocupación en la ciudadanía.
En el caso de Los Ángeles, el incidente comenzó cerca de las 20:30 horas cuando un delincuente que poco antes protagonizó un asalto en la Villa Galilea (ver nota en la página 4), llegó al recinto de salud para ser atendido tras recibir dos impactos de bala en su cuerpo.
Dicho escenario obligó a activar una serie acciones a fin de resguardar tanto a los trabajadores de la salud como a los usuarios presentes en ese momento.
El herido que ingresó al recinto asistencial a bordo de un vehículo particular, era un ciudadano venezolano que llegó acompañado por dos personas. Al recibir la primera atención, aún en el automóvil, intentó extraer un arma de fuego, pero no lo pudo concretar debido a su estado de salud, debiendo ser trasladado en silla de ruedas al interior del SAR.
Desde la Dirección Comunal de Salud de Los Ángeles informaron que -cumpliendo con los protocolos existentes y debido a la naturaleza de sus heridas- se dio aviso a Carabineros, originando que el herido reaccionara de manera violenta, amenazando de muerte a los 16 funcionarios que a esa hora trabajaban en dicho recinto y causando gran temor entre los 36 usuarios que esperaban ser atendidos.
Carabineros concurrió al centro de salud y adoptó el procedimiento de rigor y, tras ser atendido, el hombre fue trasladado -bajo custodia policial y en calidad de detenido- al Complejo Asistencial "Dr. Víctor Ríos Ruiz" de Los Ángeles, donde permanece internado fuera de riesgo vital.
Para resguardar la seguridad tanto de los trabajadores como de los usuarios, el SAR restringió sus atenciones, focalizándolas solo en pacientes categorizados como C1 y C2 durante el transcurso de la noche y con las debidas precauciones, abriendo nuevamente sus puertas de manera normal a las ocho horas de este miércoles.
DIRIGENTES GREMIALES
El dirigente gremial recordó que hace una semana "tuvimos una paralización a nivel país y uno de los temas principales tiene que ver con la seguridad de los funcionarios y eso no está ocurriendo. Estamos viendo que no se están destinando los recursos suficientes para darles mayor seguridad a nuestros trabajadores".
REUNIÓN DE EMERGENCIA
Durante la mañana de ayer, funcionarios de este recinto de salud se reunieron con autoridades locales a fin de abordar este tema y buscar soluciones que permitan evitar que este tipo de situaciones sigan ocurriendo.
"Para nosotros, es una situación muy preocupante (...), considerando que la atención que nosotros brindamos es una atención que se requiere en nuestras vecinas y vecinos y acciones violentas como las que sufrimos ayer (martes) son situaciones que nos deben preocupar y ocupar", relató el alcalde de la comuna de Los Ángeles, Esteban Krause.
Por su parte, el director del Servicio de Salud Biobío, Walter Alvial, expresó que hace un tiempo vienen trabajando en mesas de seguridad para brindar mayor protección a la población y, principalmente, a los funcionarios que se exponen a situaciones de violencia.
"Nuestro deber como autoridades es estar programados para brindarles la atención de salud a las personas que han sido afectadas y que los funcionarios puedan retomar sus funciones pero, además, tomar las medidas preventivas necesarias para evitar y mejorar los procesos de seguridad en nuestros establecimientos", puntualizó Alvial.
La directora de Salud comunal de Los Ángeles, Marta Aravena, advirtió que la inseguridad a la que están expuestos sus funcionarios y usuarios son hechos relevantes que se deben visibilizar y no normalizar.
"Estamos aquí para ver qué medidas tomar con respecto a esta situación. No solo se solicitará la medida de protección para este establecimiento sino que, también, hacer las demandas contra quienes puedan resultar responsable de este hecho porque hay amenazas de muerte involucrada y también verificar y revisar cuál es la disposición que tendría que tener el Ministerio para mejorar el financiamiento para la continuidad de un SAR de 24 horas", recalcó Aravena.
MEDIDAS
Si bien Krause relató que han realizado esfuerzos en materia de seguridad en estos recintos de salud, a la luz de los recientes acontecimientos ocurridos durante la tarde del martes, será necesario seguir reforzando.
En virtud de ello, una de las medidas que adoptarán es la de conversar con los funcionarios a fin de pedir ayuda y ver cómo generar más condiciones dentro del establecimiento que les permitan sentirse más seguros.
Asimismo, el municipio pedirá al Ministerio Público que la situación ocurrida sea castigada a través de los tribunales y que sea "una señal de que estas cosas no deben pasar en el servicio público", puntualizó Krause.
De igual forma, solicitarán protección policial para este recinto de salud con el objetivo de brindar seguridad tanto a sus funcionarios como a los pacientes. "La gente viene porque requiere de una atención de urgencia, requiere de una atención especializada; por lo que, tanto funcionarios como quienes vienen a atenderse, requieren de seguridad y esa seguridad la vamos a pedir desde el escrito que hagamos a los tribunales para que sean los tribunales los que ordenen la presencia policial en estos espacios", detalló el alcalde.
Por su parte, la delegada presidencial provincial de Biobío, Paulina Purrán, catalogó el hecho como "absolutamente inaceptable y todas las instituciones nos hemos desplegado para detener a todos los implicados y entregar la seguridad que requieren nuestras comunidades y los Centros de salud familiar dentro de toda nuestra provincia".
Asimismo, detalló han iniciado los protocolos para asegurar la labor de quienes trabajan en dicho SAR y que, como Ministerio del Interior se harán parte de una querella contra todas las personas que resulten involucradas en los hechos ocurridos.