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El Presidente de la República, Gabriel Boric, anunció que uno de los impulsos legislativos durante septiembre, era retomar la discusión sobre la eutanasia y el derecho a una muerte digna, en el marco del desarrollo de un nuevo Consejo de Gabinete.
Por lo mismo, añadió, "lo que hace el presidente es señalar que -en acuerdo con su programa de Gobierno- debiera reactivarse la discusión legislativa".
En este contexto, la docente investigadora de la Universidad del Desarrollo detalló que un proyecto de ley de asistencia médica para morir, eutanasia o suicidio médicamente asistido nunca debiese ser legislado de manera urgente o de suma urgencia porque requiere una discusión social, de expertos y legislativa bien extensa.
"Desde el punto de vista legal, por así decirlo, nuestra Constitución no permite que una persona -sea profesional de la salud o no- de muerte a otra, aun cuando sea a solicitud de esta misma persona, en este caso, de un paciente", detalló la especialista.
Al respecto, agregó que -aquí- lo que se trata es permitir, bajo ciertas circunstancias excepcionales, que un profesional de la salud dé muerte a un paciente cuando se cumplen ciertos criterios muy específicos, como por ejemplo, si padece de una enfermedad terminal o irreversible, incurable, que produce sufrimiento que no puede ser aliviado con los medios actualmente disponibles.
"Cuando uno ve la opinión de la población chilena sobre este tema, las últimas encuestas prácticamente revelan que un 70% está de acuerdo de que exista una legislación para permitir la asistencia médica para morir, lo que no significa -que llegado el momento- vayan a utilizar procedimientos como la eutanasia porque la evidencia muestra que, incluso, en países con larga trayectoria de legislación, como Bélgica y Holanda, las muertes por eutanasia son alrededor del 6% o menos, pero yo creo que la ciudadanía vería con muy buenos ojos que este proyecto llegue finalmente a la discusión en el Senado", detalló la docente investigadora en Bioética de la Universidad del Desarrollo.
Asimismo, agregó que lo esperado era que cuando la Cámara de Diputados aprobó el proyecto el 2021, el Senado lo hubiese tomado para continuar con la discusión legislativa.
En virtud del tiempo transcurrido, "me parece que es razonable que el Gobierno, entonces, tome la iniciativa. En paralelo, y probablemente debido al interés del Presidente en esta temática, quisiera recalcar que el Ministerio de Salud, a través de su oficina de Bioética, ha convocado a un amplio grupo de expertos para que les hagamos llegar nuestras opiniones y recomendaciones que pudiesen mejorar un eventual proyecto de Ley y a mí me parece que eso es algo muy valioso".
Salas explicó que cuando tienes una legislación adecuada que ha sido consensuada, trabajada con los tiempos que se requieren, a la larga no es que se esté impulsando a que las personas soliciten eutanasia sino que les permite una cierta ventana de optimismo de saber que si al final las cosas se ponen muy difíciles, pueden solicitarla.
Además, "también es una manera de evitar que asociaciones no acreditadas, en forma ilegal, ofrezcan servicios de eutanasia con lo cual yo estoy absolutamente en contra y eso es lo que está sucediendo en Chile, hoy", puntualizó la experta.
Si bien, los motivos por los cuales las personas lo pasan mal en materia de salud exceden, por mucho, lo que pudiese resolver un proyecto de muerte asistida y no quedarían resueltos con una ley al respecto, en el contexto actual de Chile "sí se puede dar la discusión legislativa de manera adecuada y permitir que las sociedades científicas, la sociedad civil, los profesionales médicos y de la Salud que puedan ser convocados a realizar estos procedimientos, puedan manifestar su opinión. Eso lo encuentro positivo", detalló Salas.
Asimismo, expresó que un punto importante es poder hablar respecto a cómo cada persona quisiera pasar sus últimos días, más allá de una Ley de Eutanasia.
"Debemos hablar con nuestras familias, con nuestros hijos, sobre cómo nos gustaría morir y, sobre todo, si uno tiene una enfermedad crónica de carácter terminal poder abrir la discusión ahora y para eso no necesitamos en realidad una legislación", puntualizó la doctora.
Finalmente, Salas recalcó que ninguna persona debiese ser obligada -bajo ninguna circunstancia- a solicitar eutanasia; al respecto, "siempre tiene que ser una convicción interna, personal, porque solo esa persona puede dilucidar cuándo su sufrimiento es intolerable y, lo otro, es que ningún profesional sanitario debiese ser obligado a practicar una eutanasia; por lo tanto, yo protejo muchísimo la objeción de conciencia".
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