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Un nuevo escándalo sacude al mundo político de la provincia de Biobío, luego que se divulgara el informe de Contraloría que revela irregularidades al interior de la Municipalidad de Quilleco.
Se trata del "Informe Final Investigación Especial Municipalidad de Quilleco", publicado el 6 de diciembre de 2023, en que la Contraloría Regional del Biobío, a través de su Unidad de Control Externo, desglosó una serie de anomalías en contratos, horarios de trabajo, dobles contratos y dualidad de pagos en la corporación edilicia, tras una denuncia presentada por los concejales Pamela Vial, Claudio Veloso y Luis Pérez.
En concreto, el ente contralor investigó sobre la contratación de Juan Sanhueza Pirce como asesor jurídico a contrata y honorarios del municipio; y a Levi Ramírez Vargas para cumplir las funciones de asesor del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) de Quilleco. Además, por el mismo motivo, se investigó al director de reemplazo de la Dirección de Administración de Salud Municipal (DAS), Claudio Melo Pérez.
En el caso de Sanhueza Pirce -que recientemente fue formalizado por presuntos delitos de exacción ilegal y amenazas contra una funcionaria durante su cargo de administrador municipal de Cabrero, quedando con la medida cautelar de arraigo nacional, según Resumen.cl-, se lo investigó por su vínculo como asesor jurídico, mediante contrata por media jornada, y otra media a través de contrato de honorarios, en que se le cuestionaba el cumplimiento de la jornada laboral, labores encomendadas y el control.
En el informe, se indica que el citado profesional no habría contestado en el plazo una demanda millonaria interpuesta en contra de la Municipalidad de Quilleco, incurriendo en "incumplimiento grave de sus obligaciones" e "infracción al principio de probidad administrativa".
En cuanto a días y horario de trabajo, Contraloría constató que no se estableció formalmente los días y el horario en que Sanhueza cumpliría la jornada pactada, situación que impide efectuar la verificación de su cumplimiento efectivo.
Lo anterior, según Contraloría, contraviene el principio de control de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en cuanto al deber de las autoridades y jefaturas de ejercer un control jerárquico del funcionamiento de los organismos y eficacia en el cumplimiento de los fines y objetivos establecidos.
Paralelo a lo anterior, Sanhueza fue contratado por la Municipalidad de Quilleco en calidad de honorarios, para desarrollar labores como "apoyo en materias legales", "asesorar al alcalde y al concejo municipal", "mantener al día los títulos de los bienes municipales", entre otras funciones.
Respecto a esta situación, Contraloría afirma que "es posible advertir que las tareas convenidas a honorarios, de naturaleza habitual y genérica, corresponden a las mismas que el señor Sanhueza Pirce desempeñaba en su calidad de asesor jurídico a contrata".
El concejal de Quilleco y uno de los denunciantes, Claudio Veloso, opinó que "su designación a contrata y posterior contratación a honorarios plantea interrogantes sobre la legalidad y la eficiencia de su empleo. El informe de la Contraloría señala una falta de claridad en los horarios y días de trabajo, además de cuestionar si las funciones desempeñadas se ajustan a los términos de su contrato".
Respecto al contrato de Levi Ramírez Vargas como asesor del DAEM de Quilleco, la Contraloría detalló que recibía un pago mensual de $1.173.317, con una jornada laboral de 22 horas, con cargo al presupuesto municipal, considerando además que el profesional se desempeñaba en calidad de contrata como director del DAEM de Cabrero, con una jornada de 44 horas.
En dicho contexto, los concejales cuestionaron la forma en que se justificaban y realizaban los pagos mensuales, debido a que Ramírez "no efectuaba trabajo presencial en el municipio de Quilleco o en alguno de sus establecimientos educacionales, por tanto, no habría registros de marcación de su asistencia en el reloj control en el DAEM de la comuna de Quilleco y por otra, que los certificados de informe de servicios profesionales, en algunos casos fueron firmados únicamente por el señor Ramírez Vargas y, en otros, por la administradora municipal, pero en ningún caso por el jefe de DAEM de Quilleco, don Carlos Mellad".
Teniendo en cuenta que Ramírez tenía contratos en dos entes municipales, Contraloría determinó que el funcionario "utilizó tiempo de la jornada habitual de trabajo que le correspondía cumplir como director del DAEM de Cabrero, para solicitar y remitir información en cumplimiento de las labores encomendadas en los contratos de prestación de servicios celebrados con la Municipalidad de Quilleco".
En total, entonces, la Municipalidad de Quilleco efectuó gastos por $8.079.100 en la contratación a honorarios de Levi Ramírez Vargas para la prestación de servicios de apoyo en diversas funciones, "los cuales se encuentran insuficientemente acreditados".
El caso de Claudio Melo Pérez, director de reemplazo del DAS y concejal de Santa Bárbara, añade otra situación a considerar. Melo Pérez, en su doble función y siempre de acuerdo a lo indicado en el informe de Contraloría, no compensó adecuadamente las horas ausentes en el DAS debido a sus obligaciones como concejal, sumando un total de 25 horas y 37 minutos no justificadas, entre el 21 de marzo y 30 de agosto de 2022.
"Este hecho pone en evidencia una preocupante falta de supervisión y control en el manejo de los recursos humanos dentro del municipio", sostiene el concejal Veloso.
Asimismo, respecto a la remuneración, el ente contralor comprobó que percibía la dieta de manera íntegra por 44 horas semanales, pese a que además mantenía labores como concejal en la comuna de Santa Bárbara, lo que "no se ajustaría a la legislación vigente, por corresponder a una dualidad de pagos.
En su informe de 74 páginas, la Contraloría del Biobío entregó los principales resultados de la investigación, que revisamos a continuación:
-Respecto a la contratación a honorarios de Levi Ramírez Vargas por prestación de servicios insuficientemente acreditados, se solicitó a la entidad auditada instruir un procedimiento disciplinario, tendiente a determinar las eventuales responsabilidades administrativas. Este se debe remitir a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la entidad de control, en el plazo de 15 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.
-Sobre el monto que gastó la Municipalidad de Quilleco en la contratación a honorarios de Ramírez ($8.079.100), el municipio deberá adoptar medidas que correspondan para iniciar un proceso de regularización y, si procede, "llevar a cabo las acciones necesarias para obtener el reintegro o restitución de las sumas involucradas.
-Debido a las irregularidades en los contratos de Juan Sanhueza Pirce, se solicitó a la entidad edilicia ordenar la instrucción de un procedimiento disciplinario tendiente a determinar eventuales responsabilidades.
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