El "cuasi" terrorismo en los incendios forestales

Más de 580 mil hectáreas consumidas por el fuego, 65 incendios controlados, 41 en combate y 11 extinguidos, es parte de la lamentable estadística que ha marcado el inicio del año en materia de incendios forestales.

Hasta el minuto se reportan 519 personas albergadas, más de mil 550 casas destruidas, 11 muertos y 6 mil 162 damnificados.

Con todos estos datos, el noveno incendio más grande de la historia mundial no puede ser una mera casualidad.

Al inicio de esta semana, Jorge Abbot, fiscal nacional, dio una conferencia en la cual sostuvo que hasta ahora, en la etapa de investigación, no existen antecedentes para pensar que haya terrorismo detrás de los incendios forestales del país.

En lo que está abocada la Fiscalía es en tratar de esclarecer estos hechos y recolectar todas las pruebas necesarias para, finalmente, obtener condenas respecto a las personas que aparezcan como responsables, que según el propio Aboot, han actuado dolosamente, es decir, que han tenido la intención de causar un incendio o por actuar con negligencia.

Resulta a lo menos dudoso que no exista nada orquestado para incendiar estas extensiones de tierra. Muchos no lo ven como una simple contingencia.

La RAE define terrorismo como la sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror.

Bajo esta definición, y observando que en distintos lugares del país, como Constitución, los propios vecinos se dedican a hacer guardias en sus calles y bosques debido al temor de que existan bandas organizadas tras estos actos, podemos decir que al menos hay una similitud con el significado de la Real Academia Española.

Por lo tanto, si los individuos que están siendo detenidos por los incendios están infundiendo terror, muerte, destrucción y pánico social, consciente o inconscientemente, podríamos desde algún punto de vista catalogarlos como actos terroristas. Dicho de otra forma, cuasi terroristas, es decir, muchos, irresponsablemente, están causando el caos.

Por ahora, nos queda esperar que los jueces, hagan cumplir la Ley de Bosques a cabalidad.

El artículo 18 de esta normativa establece: “el que […], por mera imprudencia o negligencia en el uso del fuego en zonas rurales, o en terrenos urbanos o semiurbanos destinados al uso público, provocare incendio que cause daño en los bienes aludidos […], sufrirá la pena de prisión en su grado máximo, conmutable en multa de un décimo de sueldo vital mensual para empleado particular de la industria y el comercio del departamento de Santiago, por cada día de prisión.

Lo dispuesto en el presente artículo es sin perjuicio de la obligación de indemnizar los daños causados a terceros”.

En resumen, no podemos tolerar que en este país, la violencia organizada o la irresponsabilidad de algunas personas dañen a la comunidad, a la seguridad nacional, a la industria y al presupuesto nacional.

El gobierno se ve muy tranquilo frente al tema y actúa en estos momentos como un ente que ataca la emergencia, pero debe velar para que la tranquilidad de todo un país no se vuelva a ver afectada.