Hasta cuándo humillamos a los vecinos de la villa San Luis

En el año 2012, las autoridades de la época entregaron 366 departamentos a un grupo de familias, principalmente afectados por el terremoto del 27 de febrero de 2010. Se trataba de la villa San Luis.

Lo que parecía ser el sueño de la vivienda propia, rápidamente se cubrió por una nube negra, ya que al pasar las semanas, y con las primeras lluvias, se empezaron a evidenciar serias filtraciones en las estructuras, que comenzaron a dejar marcas de humedad en pisos y paredes.

Tras este hecho, los afectados debieron tocar más de una puerta para que el Serviu dejara de dar excusas a las familias y asumieran que había una falla estructural dejada por la empresa que levantó el proyecto.

Era fácil escuchar a expertos justificando los hechos, diciendo que la humedad era producto de las estufas a parafina o las campanas de la cocina, entre tantas otras teorías.

Antes de que alguien pudiera dar solución, pasaron más de dos años. De hecho, fue el propio diputado José Pérez Arriagada quien tuvo que viajar hasta las oficinas del Ministerio de Vivienda en la capital a encarar en duros términos a la ministra para que alguien asumiera la responsabilidad con los vecinos y se hicieran las reparaciones.

Finalmente, una nueva luz de esperanza se vio. La acción del parlamentario surtió efecto y se asignaron los fondos para la reparación de las viviendas.

Todo iba bien, pero la empresa a cargo de las obras tuvo insolvencia y terminó en quiebra, dejando otra vez las faenas a medias.

De esta manera, los vecinos estaban una vez más totalmente desamparados.

Dentro de ese periodo se suma también un violento incendio que hacía parecer, para los más creyentes, que todo era parte de una maldición. No podía ser que el sueño de tener una propiedad fuera una pesadilla de esta envergadura.

Las autoridades tuvieron que reiniciar los procesos de licitación con otra empresa que finalmente se hizo cargo de las obras, y que actualmente ejecuta el plan de trabajo.

Sin embargo, la sorpresa que apareció en estos días es la gota que colmó el vaso. Las facturas que el Serviu debía pagar por las faenas realizadas por la empresa que se declaró en quiebra, nunca se cancelaron, y son los vecinos quienes han sido demandados por más de 300 millones de pesos de estos dineros.

Es inaceptable que las burocracias y los errores entre el sector privado y público les hagan la vida imposible a los vecinos de la villa San Luis; no es justo, no es digno y es francamente una falta de respeto lo que está ocurriendo.

Mientras las autoridades gubernamentales, en muchos casos, se encuentran con vacaciones, los vecinos seguirán esperando a que algún día puedan vivir como se merecen, en paz y tranquilidad. Debemos sentirnos avergonzados de lo que está pasando con nuestros vecinos de este sector de Los Ángeles.