Regístrate en nuestro newsletter
La Fiscalía Regional del Biobío confirmó una investigación por presuntas filtraciones de información de causas en fase de indagación, aunque desde la Policía de Investigaciones se descartó que se relacionara con pericias a autoridades actualmente en ejercicio.
En principio, se indicó que aquello se relacionaba con caso Convenios, específicamente por los montos que fueron traspasados por el Gobierno Regional del Biobío a fundaciones.
La causa se abrió tras la revisión de los celulares incautados del gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, y de una abogada de su equipo jurídico, se informó en el sitio BioBioChile.
Lo anterior, luego que en los teléfonos se hallaron conversaciones que involucrarían a Díaz con el jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la zona, Walter Oyarce. Asimismo, en el celular de la abogada se encontraron diálogos con un funcionario de la Fiscalía.
Al respecto, la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile remitió un comunicado de prensa en horas de la tarde de ayer lunes en que se ratificaban las indagaciones y los cursos de acción, aunque descartando la relación con "las indagaciones a las actuales autoridades que lidera el Ministerio Público".
Mediante un comunicado, la institución se refirió a este caso de violación de secreto de la Fiscalía Regional del Biobío, ratificando que la investigación recae sobre una autoridad de la región, en la que se comprobó el traspaso de información reservada.
"Respecto a una causa relacionada a violación de secreto de la Fiscalía Regional del Biobío, se informa que, en el marco de la investigación que involucra a una autoridad de la referida región, la PDI detectó la entrega de información de los sistemas informáticos institucionales, por parte de un funcionario, hecho ocurrido en el año 2021, por lo que denunció de manera inmediata al Ministerio Público", parte el escrito.
Además, la PDI confirmó que el funcionario aludido fue suspendido de sus labores: "Considerando los antecedentes, el funcionario fue suspendido de sus funciones e instruyó un sumario administrativo", señala el documento.
La policía civil cerró el comunicado reiterando el rechazo a cualquier acto que vulnere las investigaciones en los procesos judiciales.
"La PDI es enfática en señalar que no ampara ni acepta conductas que transgredan la ética, probidad y reserva funcionaria que comprometa la fe pública, afectando con ello al Estado de Derecho. Por lo anterior, se adoptarán las máximas medidas disciplinarias a quienes cometen este tipo de hechos".
En un comunicado posterior, que incluyó un párrafo adicional, se indica que "esta investigación no tiene relación con las indagaciones a las actuales autoridades que lidera el Ministerio Público".
 |
||||
 |
 |
 |
 |
 |
¿Quieres contactarnos? Escríbenos a [email protected]
ContáctanosOpinión
