La prolongada controversia por las extracciones de aguas del río Laja que enfrenta a organizaciones de regantes, empresas generadoras y organizaciones gremiales, volvió a escribir un nuevo capítulo, aunque esta vez no en los tribunales de justicia sino que en la Cámara de Diputados.
La Cámara Baja aprobó la creación de una Comisión Especial Investigadora para reunir antecedentes sobre las decisiones del Ministerio de Obras Públicas y la Dirección General de Aguas para otorgar aumentos de volumen de aguas extraídas a la Asociación de Canalistas Canal Zañartu.
De acuerdo a organizaciones de regantes y gremios agrícolas, aunque en las resoluciones del 2021 y 2022, la DGA confirmó que la Asociación Canal Zañartu solo podía extraer volúmenes de agua hasta 22,6 m3/s desde el río Laja, en agosto del año pasado el mismo organismo autorizó un caudal hasta 33 m3/s.
Los representantes de regantes agrícolas, de la Cámara de Turismo de los Saltos del Laja, la Multigremial del Biobío y Aproleche Biobío destacaron la determinación de la Cámara Baja.
El presidente de la Asociación de Canalistas del Laja, Germán Hermosilla, dijo valorar "enormemente que todos los sectores políticos se hayan puesto de acuerdo en la Cámara para impulsar esta Comisión Investigadora sobre hechos de extrema gravedad que han ocurrido en el Río Laja". Además, se manifestó confiado en que las autoridades "corrijan a la brevedad esta situación irregular".
TURISMO DE LOS SALTOS DEL LAJA
En el mismo tenor, el vocero de la Cámara de Turismo de los Saltos del Laja, José Sanzana, recordó que "hemos estado en tres sesiones distintas solicitando que se investigue. Ahora surge la razón de investigar este tema por entregar mayor caudal del que tienen a algunos comuneros de agua".
Para el dirigente gremial, "ese actuar para nosotros es complejo, porque estamos en una crisis hídrica. Todos los actores de la cuenca del Lago Laja estamos trabajando por recuperarlo".
Sanzana se sumó a las críticas respecto a la autorización para que la Asociación Canal Zañartu tenga autorización para sacar mayores volúmenes de agua del río Laja, afirmando que "eso para nosotros es complejo, porque no se están respetando los aspectos legales de la extracción de agua".
MULTIGREMIAL
El presidente de la Multigremial del Biobío y director de Aproleche Biobío, Jorge Guzmán Acuña, aseguró estar conforme con el anuncio de conformar una comisión en la Cámara de Diputados para investigar eventuales irregularidades en otorgamientos de caudales y permisos de agua en la cuenca del río Laja.
Por lo mismo, abogó para que la instancia legislativa "tome el rol fiscalizador que tiene para fiscalizar el actuar de la Dirección General de Aguas y del Ministerio de Obras Públicas en esta situación".
Guzmán recordó que la situación "se arrastra ya por varios años y creemos que es bueno que se investigue", mencionando que los gremios del Biobío han enviado cartas al Presidente de la República manifestando esta situación. "Hasta el minuto no hemos tenido una respuesta, por lo tanto valoramos mucho que la Cámara de Diputados vaya a iniciar una Comisión Investigadora que ojalá solucione este tema", agradeció.
El presidente del conjunto multisectorial aseguró que "hay irregularidades que están denunciadas hace mucho tiempo sobre el reconocimiento de e derechos de agua, en el caso del Canal Zañartu, que afectarían a todo el resto de los regantes y usuarios de la cuenca del río Laja".
"Creemos que es muy valioso y ojalá se pueda llegar a un buen término con esto", añadió.
QUERELLA
La discrepancia también se encuentra en tribunales. De hecho, las mismas organizaciones que promovieron la comisión especial de la Cámara Baja presentaron una querella criminal en contra de Rodrigo Sanhueza, director general de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas (MOP); de Nicolás Ureta, jefe del Departamento de Organizaciones de usuarios de la DGA, y de Pamela Garay, jefa de la Unidad de Supervigilancia del Departamento de Organizaciones de Usuarios de la DGA.
A los funcionarios públicos se les acusa de autorizar extracciones irregulares de agua desde el río Laja en beneficio de la Asociación de Canalistas Canal Zañartu.
El Sexto Juzgado de Garantía de Santiago acogió a tramitación la querella y dispuso su envío al Ministerio Público para iniciar la investigación penal respectiva.
Los querellantes son la Junta de Vigilancia del Río Diguillín y sus afluentes, la Asociación de Canalistas del Laja, la Sociedad Agrícola de Biobío (Socabío), la Cámara de Turismo, Comercio y Servicios Saltos del Laja y la Agrupación de Productores Lecheros de Biobío (Aproleche).