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La normativa, promulgada en octubre de 2022, ha enfrentado retrasos significativos en su puesta en marcha, lo que ha generado cuestionamientos por parte de parlamentarios y organizaciones sociales.
Durante la exposición, la subsecretaria Leitao detalló que el Sistema de Personas Desaparecidas (Sisped) está operativo desde abril de este año, aunque en una fase de pruebas destinada a corregir errores y optimizar su funcionalidad.
Este sistema informático busca centralizar y organizar la información aportada por instituciones como Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público, permitiendo establecer los últimos movimientos de las personas desaparecidas y facilitando su búsqueda.
Leitao explicó que uno de los mayores desafíos ha sido la depuración y unificación de las bases de datos de las instituciones intervinientes. Además, mencionó que el siguiente paso será la implementación de un protocolo de operación basado en el modelo del Ministerio Público, que necesitará ajustes para su aplicación integral.
Asimismo, destacó la importancia de capacitar al personal que utilizará la plataforma y realizar una marcha blanca antes de que el sistema entre en funcionamiento a nivel nacional.
No obstante, estos avances han sido insuficientes para responder a las demandas de parlamentarios y familiares de personas desaparecidas, quienes cuestionan el retraso en la aplicación de la normativa, que según la ley debió estar operativa a los seis meses de su promulgación.
Parlamentarios de diferentes sectores manifestaron su molestia ante el retraso en la implementación de la ley. La diputada Marisela Santibáñez (IND), una de las coautoras de la normativa, lamentó que el atraso en la entrada en vigencia de la ley afecte la búsqueda de personas extraviadas, especialmente en las primeras 24 horas tras su desaparición, un período crucial para encontrarlas con vida.
"Es frustrante que, a las 72 horas, sea mucho más difícil hallarlas con vida. Este retraso nos lleva a perder vidas valiosas", declaró, recordando casos emblemáticos como el del pequeño Tomás y el de María Elcira, desaparecida desde hace siete meses.
Camila Rojas (FA) también expresó su preocupación y advirtió que los seis meses adicionales para implementar la normativa podrían significar la desaparición de 600 personas más.
"Es fundamental que se realicen los pasos pendientes de manera simultánea para acelerar la aplicación de esta ley", sostuvo.
Por su parte, Renzo Trisotti (UDI) destacó la gravedad de las desapariciones de personas mayores en el país y coincidió en la necesidad de priorizar y agilizar las tareas pendientes.
En tanto, Yovana Ahumada (IND) señaló que existen 12 personas desaparecidas en la región de Antofagasta, incluidas tres mujeres y cuatro adultos mayores, y enfatizó la importancia de actuar rápidamente en los casos que involucran a personas en condiciones vulnerables.
Finalmente, Jorge Guzmán (Evópoli) criticó la falta de responsabilidad institucional del Ministerio del Interior y subrayó la ausencia de un protocolo de actuación unificado.
"La ley establecía su aplicación práctica seis meses después de su publicación, pero hoy, ese protocolo no existe, lo que es gravísimo", indicó. Además, solicitó un informe detallado sobre las reuniones y avances relacionados con la elaboración del protocolo.
La subsecretaria Leitao reiteró que la fecha límite para que la normativa entre en funcionamiento en su totalidad es el primer semestre de 2025. Aseguró que las pruebas iniciales se realizarán con anterioridad y que se están abordando las dificultades técnicas y prácticas que han generado los retrasos.
Sin embargo, las demandas de los parlamentarios y las preocupaciones de las familias de personas desaparecidas resaltan la urgencia de cumplir con los plazos establecidos para evitar la pérdida de más vidas.
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