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El conflicto surge debido a que, aunque el cambio de Conaf a un organismo público ha sido una demanda histórica, la actual propuesta legislativa contempla el traspaso de ciertas competencias al Ministerio del Medio Ambiente, lo que genera inquietud en los funcionarios.
La principal controversia radica en la declaratoria de bosques degradados, una función determinante en la conservación forestal, que quedaría fuera del control del nuevo Servicio Nacional Forestal. Los trabajadores temen que esta redistribución de funciones reduzca su capacidad de gestión y afecte la efectividad de las políticas de protección del medioambiente.
El director regional de Conaf, Esteban Krause, explicó que la institución lleva tiempo gestionando este cambio estructural, que busca convertirla en un organismo público con mayores facultades legales.
Uno de los puntos críticos del debate legislativo es la posible transferencia de facultades desde Conaf al Ministerio del Medio Ambiente. Para los trabajadores y algunos parlamentarios, este traspaso reduciría las competencias del nuevo Servicio Nacional Forestal y afectaría su capacidad de gestión. En este sentido, han manifestado que una Conaf fortalecida en su rol fiscalizador y gestor de recursos forestales es clave para la protección ambiental del país.
El conflicto radica en el alcance de estas nuevas atribuciones. Para los trabajadores, el traspaso de funciones al Ministerio del Medio Ambiente no es sólo un tema técnico, sino que implica una reducción en el poder de acción del nuevo servicio.
El tema se encuentra en comisión mixta de senadores y diputados. Si bien la transformación de Conaf en un servicio público cuenta con consenso, este artículo en particular ha generado desacuerdos entre las partes involucradas.
El debate sobre la transformación de Conaf no es nuevo. Desde hace años, distintas administraciones han intentado concretar este cambio, sin éxito.
La transformación de Conaf en un servicio público tendría diversas implicancias. Desde un punto de vista administrativo, sus funcionarios tendrían estabilidad laboral bajo el régimen de empleados públicos, lo que permitiría fortalecer la institucionalidad forestal en Chile.
Asimismo, la nueva entidad contaría con mayores facultades en materia de regulación y fiscalización de los recursos forestales, algo que actualmente se ve limitado por la naturaleza jurídica de Conaf que es una corporación de derecho privada.
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