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El Sindicato de Trabajadores de Telecomunicaciones (Sincotel), junto con representantes de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y de call centers, se reunieron con el equipo del Ministerio del Trabajo y la ministra Jeannette Jara para solicitar una reconsideración del proyecto de ley que regula las comunicaciones publicitarias o promocionales a través de servicios de televenta. Este proyecto, que limita las llamadas comerciales, podría afectar a unos 32 mil trabajadores del sector telecomunicaciones en Chile.
Carmen Miranda, representante de Sincotel, expresó su preocupación sobre las implicancias del proyecto, sumado a las recientes acciones del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) para restringir la televenta.
"Este proyecto de ley, junto con la mesa convocada por el Sernac para erradicar el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales de forma telefónica o por mensajería de texto cuando el consumidor ya lo solicitó, no solo precariza la oferta laboral, sino que también limita la libertad de los usuarios para elegir", señaló Miranda.
Asimismo, apuntó que esta normativa podría perjudicar a los adultos mayores y otros consumidores que no utilizan canales online para adquirir servicios, consolidando las cuotas de mercado de las empresas dominantes en el sector.
Jorge Castillo, dirigente del sindicato de Entel PCS, y Keila Hervias, dirigente sindical de GTD, se sumaron a las críticas, destacando la necesidad de que el Ministerio del Trabajo tome un rol más activo en informar a entidades clave como Sernac, Subtel y el Congreso sobre las posibles consecuencias de estas decisiones tanto para los trabajadores como para los consumidores. "Es fundamental que se evalúe el impacto que esto podría tener, no solo en el empleo, sino también en los derechos de los usuarios", enfatizó Castillo.
En este sentido, se acordó realizar una nueva reunión la próxima semana entre la ministra y los dirigentes sindicales, donde se discutirán posibles soluciones para mitigar el impacto en el mercado laboral y garantizar una regulación que no perjudique a los trabajadores ni a los consumidores.
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