Aprendizaje

Las grandes catástrofes, una vez que se han superado las circunstancias más inmediatas y más críticas de la emergencia, hacen necesario un profundo replanteamiento de lo que se ha realizado hasta ese momento, de tal manera de corregir lo que sea necesario para evitar su ocurrencia o minimizar sus consecuencias.

Si las grandes inundaciones en Los Ángeles durante el siglo XX obligaron a tomar una serie de acciones para evitar los habituales desmadres del estero Quilque en el centro de la ciudad, como la canalización y profundización de su cauce, los hechos ocurridos en este siglo XXI deben mover la aguja en ese mismo sentido.

Fue, por ejemplo, lo ocurrido en el terremoto del 27 de febrero de 2010 que, entre otra serie de cambios, dio origen a una nueva configuración de la institucionalidad pública para enfrentar ese tipo de contingencias. Fue así como después de una discusión legislativa, se puso fin a la anquilosada e ineficiente Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), organismo más ágil y articulador de la acción pública frente a la multiplicidad de contingencias que afectan nuestro territorio.

Otro ejemplo se puede encontrar en la emergencia sanitaria por el covid-19, que tuvo dos años al planeta entero (y a nuestro país, por cierto) sujeto a inéditas medidas de confinamiento obligatorio, además de restricciones de desplazamiento y de reunión para frenar los contagios de la enfermedad. Dicho periodo trajo aprendizajes importantes de una serie de materias. Uno de ellos fue la revalorización de la virtualidad como herramienta para mantener el nexo con la familia, el establecimiento educacional, la universidad o el lugar del trabajo. De manera más general, se puso en evidencia la importancia de contar con una robusta red de internet que, como servicio público, tenga un alcance en todo el territorio nacional.

Lo ocurrido en las últimas tres semanas con los incendios forestales que han azotado al país entre las Regiones del Maule y la Araucanía debe ser motivo también de una profunda reflexión sobre lo que se debe hacer para, de manera ideal, evitar su ocurrencia o minimizar sus consecuencias.

Si la experiencia de 2017 sirvió para reforzar de manera notoria la capacidad técnica para enfrentar a las llamas (más aviones y personal), ahora se debe avanzar en temas más de fondo para articular un trabajo mucho más proactivo que parta desde las propias comunidades, que involucre a los municipios, los gobiernos regionales y el gobierno central.

Necesariamente debe producirse una simbiosis que permita gestionar la capacidad de respuesta más pronta para evitar que una quema de pastizal se convierta en un incendio forestal incontrolable, así como también en dar pasos sustantivos en un ordenamiento territorial que sea capaz de minimizar las condiciones que permiten que los siniestros se expandan con rapidez y voracidad.

Al cabo, lo que se espera es que esta experiencia catastrófica, con víctimas y daños incuantificables, sirva de aprendizaje para que no suceda lo mismo en la próxima temporada de altas temperaturas.