Desde la institucionalidad, la manera de responder a la severa crisis de seguridad en el país ha tomado diferentes fuentes. Sin embargo, lo que nadie pone en discusión es que se trata de una situación en extremo compleja que requiere de la articulación de los distintos organismos del Estado para frenar esta seguidilla de incidentes, que tuvo su epítome en los asesinatos de tres funcionarios de carabineros en menos de tres semanas.
Es cuestión de observar lo que estaba sucediendo en la comuna de Los Angeles que, de acuerdo a datos oficiales, cuadriplicó la cantidad de víctimas por delitos violentos, principalmente debido a las balaceras entre bandas rivales de narcotraficantes. Otras comunas de la provincia de Biobío han visto un crecimiento en los episodios violentos, como Nacimiento, Mulchén y Cabrero, por mencionar a algunas. En suma, prácticamente nadie puede decir que está libre de este flagelo que golpe al país.
El aumento del crimen organizado ha contribuido al aumento de la delincuencia en ciertas zonas del país lo que unido a la crisis social y económica desde el estallido social (octubre de 2019) puede haber contribuido a un aumento en los niveles de violencia y delincuencia. Como si fuera poco, la pandemia de covid-19 ha afectado la seguridad en todo el mundo, y Chile no es la excepción. El cierre de negocios y la pérdida de empleos pueden ser desencadenantes del incremento de la criminalidad.
Además, la percepción de que el sistema de justicia penal no está funcionando adecuadamente, con pocos arrestos y condenas efectivas, contribuye a genera la sensación de impunidad entre los delincuentes.
En ese marco, al plan gubernamental "Calles sin Violencia" se suma el Plan de Inversión Regional en Seguridad Ciudadana denominado "Biobío + Seguro", presentado por Gobierno Regional y que se articuló en base a tres ejes: Atención a víctimas de delitos, trabajo preventivo con los 33 municipios y apoyo a las policías. Dicho compromiso significa un desembolso de $26 mil 230 millones al primer trimestre de 2024 y busca responder no solo a la criminalidad creciente en las grandes ciudades, sino que también a lo que sucede en el territorio que es parte de la Macrozona Sur (especialmente en la provincia de Arauco) que lleva varios años sumida en una creciente espiral de violencia.
La iniciativa en cuestión fue presentada por el gobernador regional, Rodrigo Díaz Wörner en una ceremonia efectuada en el Centro Comunitario de Hualpén, que contó con la presencia de autoridades regionales, comunales y actores de la sociedad civil.
Se considera la compra de 90 vehículos de patrullaje preventivo para las 33 comunas de la Región, por un monto de $3 mil 300 millones, así como la implementación de un Programa de Fortalecimiento Institucional de Municipalidades. Para las policías, el Plan incluye un aporte de $60 mil millones por parte del GORE una serie de proyectos a seis años y la compra de vehículos.
Desde esa perspectiva, aunque no está dentro de sus atribuciones legales, el esfuerzo del Gobierno Regional del Biobío, es digno de todo elogio por cuanto responde a una urgencia que no admite dilaciones.
Porque el esfuerzo para enfrentar la crisis de seguridad debe ser integral. Todos los entes deben aportar su cuota de trabajo y dedicación para evitar que la situación se desborde y sea demasiado tarde.