A propósito de la creación de una Comisión Presidencial para la Paz y Entendimiento, a instancias del Presidente Gabriel Boric, la cual abarca específicamente a las regiones de Biobío, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, bien vale recordar lo ocurrido en el mismo tenor hace poco más de 22 años.
Fue en enero de 2001 cuando el Presidente de la República, Ricardo Lagos, tomó la decisión de conformar la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato (CVHNT), respondiendo así a la insatisfacción de los pueblos originarios, en particular del pueblo mapuche, respecto a la política aplicada por el Estado de Chile a sus comunidades e integrantes. Se trataba también de acoger los planteamientos y demandas de sus dirigentes de hacer un análisis más profundo sobre las causas históricas de esta situación.
La integraron 25 personas, más de la mitad de las cuales representaban a los diferentes pueblos indígenas de Chile, además de representantes de las Iglesias Católica y Evangélica, de los gremios empresariales, académicos y de diversos estamentos de la sociedad chilena.
La instancia, que fue encabezada por el ex Presidente Patricio Aylwin, trabajó dos años y nueve meses. El 28 de octubre de 2003 dio a conocer su Informe final, un extenso documento que analiza la relación entre los pueblos indígenas y el Estado de Chile, y sugiere propuestas y recomendaciones para una nueva política estatal que avance hacia un nuevo trato entre el Estado, los pueblos indígenas y la sociedad chilena.
En lo sustantivo, la Comisión recomendó el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y la consagración de sus derechos colectivos en la Carta Fundamental. Propuso definir y ejecutar políticas públicas en materias de interés de los pueblos indígenas. Asimismo, hizo ver su convicción de que el Estado de Chile, como parte de la comunidad internacional, debe hacer suyas las directrices y derechos reconocidos en el orden internacional a los pueblos indígenas, incluyendo la ratificación del Convenio N°169 de la OIT.
En el informe se recomendó que un nuevo trato debía basarse en reconocer que la sociedad chilena es culturalmente diversa, con pueblos indígenas que reivindican para sí una identidad histórica y cultural diferente a la del común de los chilenos y que viene incluso de antes del arribo de los conquistadores españoles, y que, por lo mismo, dichas historias deben admitirse e incorporarse al relato de nuestra historia como país.
Más de 20 años después que el Informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato fuera terminado, durante este tiempo aún no se ha reconocido constitucionalmente a los pueblos originarios y, si bien el año 2008 Chile ratificó el Convenio N°169 de la OIT, los gobiernos no han dado cumplimiento efectivo a los derechos indígenas que, de acuerdo a este Convenio, deben ser protegidos y garantizados. Así, lo que algunos han denominado la "memoria de la ira", alimentada una y otra vez por promesas incumplidas, ha ido creciendo con más fuerza, expresándose en mayores demandas -como las que se observaron en la Convención Constituyente- y hechos de violencia que agravan aún más un problema que viene desde la época colonial.
Ciertamente que las conclusiones de hace más de dos décadas de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato son un insumo valioso para el trabajo que tendrá la recién creada Comisión Presidencial para la Paz y Entendimiento, pero también plantea que los incumplimientos de las propuestas sugeridas en aquel entonces devienen en la agudización de un conflicto que tiene más de 160 años.