Esta semana se dio a conocer el Primer Informe Nacional de Homicidios Consumados, información recopilada y entregada por el Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos.
Se trata de un estudio inédito en el país que recoge antecedentes entregados por el Ministerio Público, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, Gendarmería de Chile, el Servicio de Registro Civil e Identificación, el Servicio Médico Legal y la Subsecretaría de la Mujer y Equidad de Género.
Un reporte que entregó datos alarmantes en relación a esta materia que se advertía a nivel ciudadano, pero que hoy cuenta con los datos más duros. En cinco años este tipo de delitos creció casi un 50%, pasando de una tasa de 4,5 a 6,7 asesinatos por cada 100 mil habitantes.
Es decir, hace cinco años las víctimas de este delito eran 845; en 2019, sumaban más de 900, y en 2020 se empinaron por sobre las mil 100.
La única excepción se dio al año siguiente, cuando se volvieron a registrar cerca de 900. Esa baja podría estar relacionada con factores asociados a la pandemia y las medidas de confinamiento que aún se aplicaban en el país, según el subsecretario Vergara.
No obstante, durante 2022 se produjo un fuerte incremento, llegando a 1.322 personas asesinadas en el país. Y es aquí donde se muestra otro dato que no nos deja ajenos, Los Ángeles se encuentra entre las 27 comunas de Chile que representan el 50,5% del total de homicidios consumados el año pasado, con un total de 18 víctimas fatales.
El informe detalla además, que es el fin de semana, a las 22.00 horas (6,4%), cuando más se registran asesinatos. Mientras el sábado se contabiliza el 20% del total de los homicidios, el domingo se registran 19,7% de asesinatos.
Los expertos advierten sobre el impacto del crimen organizado en la dramática tendencia que hoy sin duda se tomó la agenda pública, y que reclama acciones concretas de parte de Estado en su conjunto, no solo del Ejecutivo, sino también del legislativo y por sobre todo del Poder Judicial.
Un estudio, que da cuenta que no es se trata solo de una "sensación" de inseguridad de parte de la ciudadanía, sino de una cruda realidad que hoy vivimos como país.