En el sitio web de la Policía de Investigaciones (PDI), los rostros de Juan Diego Aguayo Díaz y Karen Elizabeth Sepúlveda Venegas forman parte del centenar de imágenes de personas desaparecidas desde 1994 hasta la fecha.
Juan Diego trabajaba y estudiaba en Copiapó pero ese 1 de agosto de 2014 estaba en la casa de sus familiares en Los Ángeles. Cerca de la 1 de la tarde, tomó su mochila, dijo que iría a comprar al centro y que llegaría temprano. Desde ahí, no volvió a ser visto.
Karen, que tenía residencia en Los Ángeles, el 25 de enero 2019 viajó hasta el sector de Las Chilcas, en el parque nacional Laguna del Laja, al interior de la comuna de Antuco. Tampoco se volvió a saber de ella. Aunque la buscaron en esos parajes, no fue encontrada.
Aunque no está entre los casos de la lista de la policía civil, hubo un caso anterior. Es el de Jacinto Arriagada Acuña, un hombre de 73 años del cual se perdió todo rastro el 18 de septiembre de 2000. Él salió con su yerno a las ramadas que se instalaron en la esquina de la calle Colo Colo con la avenida Los Ángeles. En un momento determinado, dijo que iría a los baños públicos pero nunca volvió. Aunque fue secado el estero Quilque en un par de ocasiones, su cuerpo no fue habido. Años más tarde, ante la falta de datos sobre su paradero, se tramitó su muerte presunta.
Los casos grafican búsqueda sin resultados porque encontrar personas desaparecidas es una tarea compleja y desgarradora que requiere respuestas efectivas por parte del Estado. El fortalecimiento de las instituciones encargadas, como la Policía de Investigaciones de Chile, es esencial para ese fin, con recursos adecuados y una formación especializada.
La creación de bases de datos centralizadas y actualizadas permitiría un intercambio eficiente de información entre diversas agencias estatales gubernamentales y organizaciones involucradas en la búsqueda de personas desaparecidas. La colaboración a nivel internacional es fundamental, especialmente en casos donde las personas desaparecidas puedan haber cruzado fronteras, a través de necesario intercambio de información y recursos.
En ese contexto, la participación activa de la sociedad es clave. Incentivar la denuncia de desapariciones y fomentar la conciencia pública son pasos importantes para movilizar esfuerzos de búsqueda más amplios.
Una faceta que puede dejarse de lado es el apoyo integral a los familiares. El respaldo psicológico y el asesoramiento legal son elementos esenciales para ayudar a las familias a enfrentar la incertidumbre y el dolor emocional asociado con la desaparición de un ser querido.
La transparencia en las acciones de búsqueda y la rendición de cuentas son principios fundamentales. Comunicar de manera clara y abierta los esfuerzos realizados contribuirá a generar confianza en la sociedad.
La evaluación y, si es necesario, el fortalecimiento de la legislación relacionada con la desaparición de personas son pasos cruciales. La implementación de tecnologías modernas, como bases de datos biométricas y sistemas de reconocimiento facial, podría mejorar la identificación de personas desaparecidas y acelerar las investigaciones.
En última instancia, estas acciones deben llevarse a cabo con pleno respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas involucradas. La colaboración estrecha entre el Estado, la sociedad civil y la comunidad es fundamental para abordar de manera integral el problema de las personas desaparecidas en Chile para que no tengamos que repetir casos como los de Juan Diego y Karen.