El 8 de marzo de 2023, en un megaoperativo policial en el Valle de Elicura, comuna de Contulmo, fueron detenidos 11 integrantes de una banda delictual dedicada al robo de la madera en nuestra región, hecho que fue ampliamente difundido por los organismos públicos, de Gobierno y el Poder Judicial.
No hay medio que no haya consignado este hecho como un golpe potente a este delito, amenaza constante en la Macrozona Sur, principalmente, en las regiones del Biobío y La Araucanía.
Pasaron dos días, y el 10 de marzo, el Juzgado de Garantía de Cañete dejó sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva a Walter Fernando Araneda Parra, Ricardo Alejandro Escobar Orellana, Guillermo Segundo Meza Huichalao y Felipe Eduardo Videla Rojas, imputados por el Ministerio Público como autores de los delitos, entre otros, de asociación ilícita, sustracción de madera y lavado de activos. Ilícitos perpetrados desde principios de 2020, en la comuna de Contulmo.
En la audiencia de formalización (causa rol 748-2022), el magistrado Cristián Rosenberg de la Fuente ordenó el ingreso de Araneda Parra, Escobar Orellana, Meza Huichalao y Videla Rojas al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Concepción, por considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
El resto de los integrantes de la banda, hombres y mujeres, quedaron con la medida cautelar de arresto domiciliario total, fijándose seis meses de plazo para la investigación.
Hasta ese momento la información fluía con bastante agilidad, hasta que tras casi un año de investigación y luego de un procedimiento abreviado, el Juzgado de Garantía de Cañete sentenció a estas 11 personas por asociación ilícita, receptación de madera, delitos tributarios y lavado de activos, a penas de entre dos y cinco años, de "privación de libertad".
La fiscal Marcela Barahona, de la Unidad de Alta Complejidad, a través de un video publicado en el sitio X de Fiscalía del Biobío, señaló que estas penas están de acuerdo a lo solicitado por el Ministerio Público. Señala textual: "El rango de penas atendido a que se trata de un procedimiento abreviado, donde hay configuración de atenuantes por prácticamente todos los imputados acusados, va entre dos y cico años de privación de libertad".
De esto, poco y nada se ha difundido porque el detalle de la sentencia no es pública, ya que la causa cuyo rol ya mencionamos figura como RESERVADA en el Poder Judicial. La información oficial entregada, es sin duda un muy buen ejercicio oratorio, ya que habla de condenas, y privación de libertad, sin transparentar que esto no es presidio, sino que sería -según transcendió- "libertad vigilada".
Tal como lo señaló el diputado DC, Eric Aedo, "una falta de respeto y una burla" para un delito cuyos decomisos ascienden a los 400 millones de pesos, entre maquinaria, automóviles, camiones y también una propiedad.
A más reserva, mayor impunidad.