La baja representación femenina en los cargos de elección popular en la provincia de Biobío es un claro reflejo de la disparidad en el acceso de las mujeres a espacios de poder. Los números son contundentes: en las últimas elecciones, solo el 18,2% de las concejalías en las 14 comunas de la provincia fueron ganadas por mujeres, y de los 88 puestos en los cuerpos colegiados, solo 16 están ocupados por ellas. Esta cifra, lejos de avanzar, representa un retroceso en comparación con la elección anterior, cuando 19 mujeres lograron acceder a estos puestos. Además, de los 14 municipios de la provincia, únicamente uno será liderado por una alcaldesa.
Este bajo nivel de representación femenina en la política local nos lleva a cuestionar los mecanismos que se están utilizando —o dejando de utilizar— para fomentar la participación equitativa de las mujeres en los distintos niveles de la administración pública. La Ley de Cuotas de 2015 fue un avance importante en este sentido, estableciendo que ningún género puede superar el 60% de las candidaturas parlamentarias presentadas por cada partido. Posteriormente, en la Convención Constitucional, se dio un paso más allá al establecer una paridad obligatoria en la elección de sus miembros. Sin embargo, estos esfuerzos aún no han permeado a los cargos de nivel local, donde la participación de mujeres sigue siendo marginal.
La experiencia de otros países ofrece valiosas lecciones sobre cómo enfrentar esta problemática. En Francia, por ejemplo, la Ley de Paridad de 2000 exige que los partidos políticos presenten listas con el mismo número de hombres y mujeres en todas las elecciones, lo cual ha contribuido significativamente a reducir la brecha de género en los espacios de representación política. Del mismo modo, en España, la Ley de Igualdad de 2007 establece que los partidos deben garantizar que al menos el 40% de sus listas electorales esté compuesto por mujeres. Esta medida ha permitido aumentar la presencia femenina tanto en el Parlamento como en los gobiernos municipales.
En América Latina, el caso de México es particularmente destacable. Desde 2014, el país ha implementado la "paridad en todo", una normativa que exige una representación equitativa en los tres niveles de gobierno, tanto en candidaturas como en nombramientos de alto nivel. Esto ha llevado a un cambio cultural significativo, donde la presencia de mujeres en el ámbito político es cada vez más visible y respetada. Estos ejemplos demuestran que es posible crear políticas efectivas para fomentar la inclusión de mujeres en la política, y que estos avances no solo enriquecen la democracia, sino que también fortalecen la representatividad y la calidad de las decisiones políticas.
Chile tiene mucho por aprender de estos modelos. La implementación de cuotas de género en las elecciones parlamentarias y en la Convención Constitucional marcó un cambio positivo, pero es necesario llevar esta normativa también al ámbito municipal y regional. Las cifras actuales en la provincia de Biobío dejan en evidencia que sin políticas específicas para el ámbito local, la equidad de género en política será difícil de alcanzar. Es momento de abrir el debate sobre la paridad en concejos municipales y otras instancias de representación local, reconociendo que una democracia plena y saludable solo es posible cuando hombres y mujeres tienen las mismas oportunidades para participar en la construcción de sus comunidades.
Es hora de que avancemos hacia una representación justa y equitativa de género en todos los niveles de decisión. La experiencia internacional nos muestra que las herramientas existen; lo que falta es voluntad política para implementarlas.