Condena transversal a atentado incendiario

Un fuerte impacto en la provincia, región y a nivel nacional causó el ataque incendiario que dejó dos guardias heridos y más de 50 máquinas quemadas la madrugada de este domingo en la central hidroeléctrica en construcción Rucalhue, de la comuna de Santa Bárbara.

La magnitud del atentado -uno de los más grandes que se tenga registro en la provincia- generó una reacción categórica por parte de autoridades, gremios y actores públicos en general.

De hecho, el Presidente de la República, Gabriel Boric, condenó el hecho a través de una publicación en su cuenta oficial de X y señaló que los responsables serán perseguidos penalmente y que no se retrocederá en los esfuerzos por enfrentar la violencia en la zona. "Seguiremos trabajando sin dar pie atrás para erradicar toda forma de violencia", sostuvo el Mandatario. A su vez, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, informó que el Gobierno presentará una querella invocando la nueva Ley Antiterrorista, ya que "dada la forma en que se ejecutó, el tipo de incendio, el lugar donde ocurrió, las leyendas que se establecieron en el lugar reivindican una asociación terrorista".

Los gremios nacionales y regionales también reaccionaron ante la gravedad de lo ocurrido. La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), planteó que este hecho vuelve a evidenciar el nivel de desprotección en el que se encuentran los territorios rurales y la urgente necesidad de una acción más decidida del Estado para restablecer el orden. "Sin seguridad, no hay inversión, ni desarrollo posible para el mundo rural", recalcó la agrupación. A su vez, Irade planteó que este acto de violencia no solo atenta contra la propiedad privada, la seguridad de las personas y el Estado Derecho, sino que también amenaza el desarrollo sostenible de la región, al tratarse de un proyecto que representa una inversión relevante para la transición energética del país.

Todas estas reacciones son esperables. Sin embargo, se requiere mucho más -especialmente de parte del aparato estatal- para avanzar en lo más relevante: desarticular a los grupos terroristas que operan con impunidad en la región, dejando tras sí una estela de destrucción, temor e incerteza jurídica que termina socavando las bases del desarrollo local.

Se requiere también que todas las acciones vinculadas a la nueva legislación antiterrorista operen tal como lo establece la normativa, es decir, incluyendo técnicas especiales de investigación y condenas efectivas para quienes sean hallados responsables.

Solo así podrá recuperarse la credibilidad ante episodios que representan un ataque directo a la democracia y la paz social.