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Los alumnos de carreras universitarias que son beneficiarios del programa "Viviendas para estudiantes de educación superior" han expresado su profundo malestar ante la reciente reforma del reglamento de residencias estudiantiles, que elevó el costo que pagan los beneficiarios.
Los cambios, aprobados por el alcalde Cristian Oses Abuter y el Concejo Municipal de Santa Bárbara, implican modificaciones que - a juicio de los reclamantes - impactan directamente las condiciones económicas, generando preocupación e incertidumbre entre los afectados.
Durante la primera reunión del año del programa, realizada el 21 de febrero, los estudiantes fueron notificados de los cambios introducidos en los artículos N°10 y N°11 del reglamento. En concreto, el artículo N°10 establece que cada alumno deberá realizar pagos mensuales equivalentes a una unidad de fomento (alrededor de 39 mil pesos), cuyo valor será fijado cada 1 de marzo y se pagará el último día hábil de cada mes. A esto se añade la obligación de prorratear los gastos básicos de las viviendas entre los residentes.
El artículo N°11, por su parte, menciona que el Municipio podrá evaluar la situación económica de algún alumno con vulnerabilidad social, a través de un asistente social, con el fin de otorgar alguna excepción en casos fundados.
Frente a esta medida, los estudiantes - con el respaldo de sus familias - manifestaron su descontento, calificando el cambio como arbitrario e injusto, especialmente considerando que los cambios comenzarán a regir inmediatamente en marzo, a solo días del inicio del año académico.
Esperanza Salazar Villarroel, coordinadora de la Casa de Temuco, describió cómo el cambio los afectó de manera abrupta: "Lo principal es que no hubo un aviso antes del ingreso de los ‘mechones’ a clases. Fuimos citados el día viernes para dar a conocer el nuevo reglamento, que influye directamente en el área económica, porque de pagar $20.000 se iba a elevar el costo a una UF mensual más los gastos comunes de la vivienda".
Sin embargo, los estudiantes y sus familias cuestionan la legalidad de las nuevas disposiciones, argumentando que los fondos destinados a este programa ya estaban aprobados en el presupuesto municipal y que la reforma se realizó sin un proceso participativo ni consulta previa.
Actualmente, el programa beneficia a 116 estudiantes universitarios, quienes destacan que sus fichas de protección social indican una vulnerabilidad económica del 40%. Esta medida afecta especialmente a aquellos que dependen de este apoyo para acceder a la educación superior.
Eva Salamanca Archigur, apoderada de una de las residentes, señaló que "este es un programa social que lleva más de 12 años y que ha permitido que muchos jóvenes puedan cumplir el sueño de estudiar. Ahora, nos están pidiendo que paguemos prácticamente el arriendo completo de la casa y los servicios básicos".
El programa ha sido clave para que jóvenes de la comuna de Santa Bárbara puedan estudiar en las ciudades de Los Ángeles, Concepción y Temuco. "Más encima, este es un programa social que siempre ha resaltado a esta comuna porque es maravilloso, y que una nueva autoridad que lleva tres meses lo desarme y lo destruya así porque se le ocurrió, deja así sin poder estudiar a muchos hijos", aseguró la apoderada.
"Le decía ese día (al alcalde), usted me está diciendo que yo tengo que elegir entre darle plata para comer o pagar la casa, porque las dos cosas no lo puedo hacer. No me alcanza. Y en mi misma situación están muchas apoderadas", argumentó Salamanca.
Además, los estudiantes acusan que el alcalde y los concejales apenas estuvieron presentes unos minutos antes de retirarse de la reunión, dejándolos en un estado de incertidumbre y angustia. "Nos privaron del legítimo derecho de ser escuchados", señalaron los estudiantes en su carta.
Ante ese panorama, se solicitó a una instancia de diálogo y participación donde se consideren las opiniones y necesidades de los beneficiarios, postulantes y renovantes del programa. "Estamos llamando a la reflexión, a que se revise cómo afectan estos cambios a las familias. Si no podemos pagar estos nuevos costos, ¿Cuál sería entonces la ayuda social de la municipalidad?", enfatizó la vocera de los estudiantes.
"Nos dicen que si tenemos dificultades para pagar los $120.000 o más, tenemos que someternos a otra evaluación social, pero nosotros ya estamos dentro del 40% más vulnerable", concluyó Salazar.
Hasta el momento, no se ha tenido respuesta de la municipalidad, pese a realizarse las consultas de rigor.
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