Francisco Arellano es el encargado nacional del Plan Bien Vivir que depende del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, iniciativa que, como él mismo explica, "fue creada por este gobierno para responder de manera distinta a los problemas de diálogo pero también de in versión en las zonas con población mapuche en las Regiones del Biobío, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos".
A poco más de un año de su implementación, el directivo ya puede sacar conclusiones acerca de cuáles han sido los principales avances y también de los mayores desafíos que implica este programa gubernamental.
Se trata, recalca, de "priorizar distinto, a partir del diálogo con las propias comunidades y los alcaldes, de manera de fijar una cartera de inversión y obras que llegue más directamente a la población, ahí donde hay una sensación - en muchos casos- de abandono, de postergación y rezago que quiebra las confianzas y que impide un diálogo fraterno y constructivo entre el Estado y sus ciudadanos.
Arrellano reconoce que no se trata del primer plan que aborda específicamente la temática de los pueblos originarios: "Básicamente todos los gobiernos hacia atrás han elaborado un plan exclusivamente para la Araucanía o para una zona más amplia, incluyendo territorios de importante población mapuche, como el Biobío. Esos planes se ejecutan, algunos no se terminan, no se evalúan y el siguiente inventa otro".
A su juicio, la experiencia previa determinó que "había un problema y que no era de recursos porque había financiamiento, pero sí ha costado mucho llegar particularmente a las zonas más rurales, que es donde está la mayor parte de las poblaciones mapuches que viven en comunidades".
Para el directivo, esa condición revela la debilidad del Estado para formular proyectos orientados a esas zonas: "En general, se tienen recursos y las capitales regionales o provinciales pueden formular proyectos y hacerles seguimiento pero los municipios chicos no tienen esa capacidad".
De ahí que una de las primeras acciones fuera diseñar un plan de apoyo a los municipios, a través de la Subdere, con profesionales especialmente destinados a esas comunas para formular proyectos y así allegar los recursos.
GESTORES TERRITORIALES
Por otro lado, Francisco Arellano hizo notar que la lógica de funcionamiento del Estado no calza con las tradiciones de los pueblos originarios, lo que tendía a generar un "corto circuito".
"El pueblo mapuche tiene la costumbre de reunirse, como el trawún, que son tres o cuatro horas. Por eso, generalmente una comunidad quiere hablar de todos los temas porque tiene todos los problemas que vive de manera cotidiana. En cambio, el funcionario público tiene media hora, llena una ficha y debe partir", acota.
Aunque reconoce que "las comunidades quieren soluciones institucionales, terminaban encontrándose sin una contraparte del Estado, lo que derivaba en protestas sociales, en el corte de caminos, o desconfianzas, malestar, rabia y enojo".
A partir de esa premisa, el equipo del Plan Bien Vivir cuenta con gestores territoriales, preparados en interculturalidad, "que dialogan con las comunidades, recogen sus inquietudes. Después van a los servicios y se junta uno con uno de los funcionarios para sacar adelante los proyectos. Después se vuelve a las comunidades con esas respuestas".
A su juicio, esa manera de trabajo "ha permitido construir un canal de diálogo que antes no existía, bajando la desconfianza y reconstruyendo los caminos de diálogo institucional. En varias zonas tenemos la percepción que ha habido una mejora".
"Como plan vemos que el mundo mapuche quiere dialogar y buscar soluciones con el Estado pero que se le respete su condición de pueblo. Falta mucho pero esto ha permitido dar una señal de un trato distinto, de una voluntad de diálogo distinta y una canalización institucional de los problemas".
PRIORIDADES
De acuerdo a la experiencia del Plan Buen Vivir, hay dos prioridades fundamentales para las comunidades mapuches: agua y caminos. "Hay una cosa de habilitación básica que son las condiciones de la ruralidad pero en muchos lados hay un abandono, tanto para acceder al agua potable y por las condiciones del camino que es el acceso a la posta, al trabajo, a la escuela", señala.
Aunque la política del Ministerio de Obras Públicas es privilegiarlas grandes inversiones en función de la rentabilidad social, el programa cambia esa lógica al favorecer a comunidades apartadas que difícil catalogarían para obras de importancia: "Hay un problema de justicia en esa lógica de la rentabilidad social que dice que haremos un camino donde hay mil personas y no donde hay cien. Entonces, parece que es la culpa de esas personas por ser pocas. Eso no es solidario y tiene poca perspectiva de construcción de comunidades, de sociedad, porque es bueno para todos que haya personas viviendo en la ruralidad, es parte de la construcción del país. No puede ser que se les castigue por vivir en el campo".
De ahí surgen las propuestas para las denominadas comunas de rezago, que ahora serán llamadas comunas en desarrollo, para facilitar los mecanismos de inversión y no "abandonar a las personas que viven en los sectores menos poblados".
A lo anterior se suma que como los problemas son de larga data, "aunque este gobierno lleva recién un año y medio, ellos nos dicen que los tenemos botados hace 30 o 40 años. Hay una cosa de cómo construimos una política de Estado, de largo plazo, para superar esa lógica de los planes de gobierno, de cómo buscamos un acuerdo más prolongado y transversal para que en 10 o 15 años, tomemos los temas de la ruralidad".