Revuelo provocaron los dichos del ministro de Justicia, Luis Cordero, quien comentó que en los próximos meses la ocupación penitenciaria podría llegar a niveles críticos, afirmando que "se sabe que hay necesidad de cárcel y debemos preguntarnos ¿cómo lo hacemos para separar los tipos de delincuentes que son menos peligrosos y los peligrosos que también tenemos en la cárcel?".

Recordemos que desde la cartera de Justicia incluso aseguraron que al llegar a los 52 mil internos habría un hacinamiento en todo el sistema carcelario, pensando en que hoy los reos a nivel nacional son más de 49 mil y el sistema tiene una capacidad máxima de 41 mil, por lo cual ya está sobrepasado hace bastante tiempo.

Claramente ha faltado de parte del Ejecutivo (y las administraciones anteriores) prever que las cárceles iban a colapsar a raíz de los niveles de delincuencia que tiene nuestro país, la tipificación de nuevos delitos, importación de prácticas criminales (extorsión, secuestro, trata de personas y sicariato), endureciendo las penas efectivas, entre otros.

Para solucionar la falta de recintos penitenciarios, hoy debiera retomarse la idea que en algún momento lanzó el otrora candidato presidencial y alcalde de Santiago y Las Condes, Joaquín Lavín, de edificar una cárcel en alguna isla de Chile y separar ahí los presos de alta peligrosidad para el país, y así lo separamos del resto de la población carcelaria de menor peligrosidad.

Recientemente el fiscal nacional, Ángel Valencia, respaldó el proyecto del Presidente Gabriel Boric en relación con construir un recinto carcelario para líderes narcos. Considero que esta alternativa es bastante viable, y podría generar un golpe a estas asociaciones de crimen organizado.

Pero no todo se soluciona con mayor infraestructura claramente, ya que necesitamos conocer las actuales políticas de reinserción social que tienen los reos una vez que ellos han cumplido sus respectivas condenas y evaluar si están teniendo buenos resultados. Si es que no contamos programas serios de reinserción ¿cómo rescatamos a la gente que aún puede salir de ese mundo para integrarse en la sociedad? Es clave que puedan aprender algún oficio y recibir formación laboral que les permita trabajar una vez que hayan pagado sus penas. En países desarrollados los reclusos pueden estudiar incluso en la enseñanza superior, por lo que ¿por qué no soñar con algo similar en Chile a largo plazo (gradualmente, partiendo con un grupo pequeño conformado con los internos de mejor conducta y replicando experiencias exitosas desarrolladas en el extranjero)?

Por último, quisiera plantear que la crisis nacional del sistema carcelario hay que abordarla desde distintos puntos de vista y con todos los actores involucrados: sistema judicial, Gendarmería, Fiscalía, distintos ministerios, Parlamento, academia, expertos internacionales, etc.

Debemos hacernos cargo urgentemente de este problema, porque va a llegar un momento en que no sólo vamos a necesitar más cárceles, sino que vamos a tener un montón de gente que no va a poder ser un aporte en nuestro país y como chilenos tendremos que estar manteniéndolos y dándole todo para que estén ahí pagando su condena.

Karen Medina, diputada y jefa de Bancada del PDG