La reciente creación de la "Comisión de la desinformación", que busca asesorar al gobierno en materia de uso de redes sociales y sobre todo en cómo las noticias falsas afectan a la democracia, ha puesto en Chile (una vez más), en el tapete de la discusión, el tema de la Libertad de Expresión. Un debate que esta vez involucra a toda la sociedad (es transversal) y que preocupa desde el punto de vista de la monopolización de un concepto que es protegido en cartas fundantes de países libres y por cierto, en el Artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, que recordemos data del siglo pasado.
Mientras el mundo occidental crea comisiones (Plan de acceso contra la desinformación, de la Comisión Europea) y la justicia, del llamado "mundo libre", falla a favor de la verdad, incluso contra Fox News, para detener el flagelo de las Fakes News y de las agresiones en redes (la gran mayoría anónima y de perfiles falos), nuestra Contraloría General de La República ha resuelto con su dictamen 18.671 de 2019 que ninguna institución pública puede eliminar o bloquear seguidores de las redes sociales institucionales como consecuencia de una mentira o una publicación mal intencionada, según su interpretación del Artículo 19 N° 12 de la Constitución Política del Estado, que recordemos es anacrónica, que nació en Dictadura y que hoy se trabaja para modificarla o, lisa y llanamente, para cambiarla.
Pareciera ser, contra todo espíritu de la norma, que las mentiras y las noticias falsas están sobre la Libertad de Expresión, permitiéndose con ello que se siga violentando, increpando, mintiendo, faltando a la privacidad y honra de las personas, generando daño en la convivencia familiar y social intencionadamente con falsedades y en completa impunidad.
Qué es más importante para una clase política mundial, que desde los extremos de sus ideologías defienden una Libertad de Expresión manoseada desde la "L" hasta la "N" dónde el máximo referente de los republicanos estadounidenses, Donald Trump, es cuestionado incluso por pensadores de la talla de Jürgen Habermas y cuando en China, los comunistas gobernantes ni siquiera la permiten.
Esta ambigüedad que interpreta la Ley literalmente, y esta discusión que tienen los republicanos con los comunistas de Estados Unidos y de China, es un tema que se discutió en la última asamblea de municipalidades realizada en La Serena. Creo, no solo yo, que llegó el momento de conversar y colocarse de acuerdo entre todos los actores para trabajar en una Ley que regule estos temas y que privilegie, la buena convivencia en sociedad, por sobre el odio entre las personas.
Con todo, la Ley 18.695 dice que las municipalidades son autónomas. ¿Dónde está realmente esa autonomía, si no podemos frenar las noticias falsas y las agresiones contra las autoridades desde perfiles falsos? Llegó el momento de dictar una ley donde todos y todas tengamos el derecho a opinar, pero con nombre y apellido, con R.U.T. y domicilio, de manera de saber quién o quiénes son los responsables en caso de ofensa a la honra y privacidad de las personas, para así recurrir a la justicia como debe ser en una sociedad civilizada.
Existe la Ley de Transparencia en un escenario que hoy es mentiroso y oscuro, como es el mundo de las redes sociales. La libertad de expresión debe existir, pero cada quien debe hacerse cargo y responsable de sus expresiones.
Las palabras agrupadas en mensajes generan realidad, pero esa realidad es altamente manipulada por el emisor de un mensaje que tiene como receptor al odio y la ignorancia de la que habla Humberto Eco. No es posible que alguien opine con la foto de un gato o un perro en su perfil de redes.
Las agresiones en redes sociales y las fakes news no tienen por qué estar contra la Libertad de Expresión y estoy seguro que el debate para mantenerla libre de opresiones no pasó jamás por permitir esta violencia. Legisladores, la tarea es ir al Espíritu de la Ley y a proteger la honra y la verdad por sobre las ideologías totalitaristas que infunden miedo.
Jorge Rivas Figueroa
Administrador Público
Licenciado en Ciencias Políticas