Los tiempos que vive la educación cambian, qué duda cabe. Y, por supuesto, no solo en educación, sino que en todos los ámbitos de la vida en sociedad, cambios que han resultados ser, en muchos casos para mejor y también, en no pocos, para peor, como ha ocurrido en educación donde los tiempos vividos no siempre han resultado ser mejores en lo que a formación del individuo con los valores y conductas que se requieren para una vida civilizada, entendiendo como civilizada a una persona que mantiene un comportamiento adecuado y correcto con habilidades para convivir con otros en diferentes contextos sociales. Una persona con valores éticos y conductas morales que constituyen un ejemplo de vida que vale la pena imitar, actitud que se espera (con la esperanza de que así ocurra) de quienes lideran la vida administrativa y política de la comunidad nacional.  Si bien, por propia experiencia, tanto como alumno, luego como profesor y directivo en la educación pública y privada, incluso dirigente del gremio docente durante años -tal vez  demasiados- he experimentado los cambios que han afectado al sistema educacional chileno y que, no podría ser de otra manera, han impactado a la familia y a la forma de vida de la sociedad en su conjunto. De todos los factores, algunos de los más relevantes, a mi juicio, son el haber transitado  de un sistema educativo que privilegiaba la formación humana tanto como el conocimiento y desarrollo de destrezas intelectuales y de hábitos de buen vivir y convivir, del reconocimiento y aprecio de los valores propios de la familia y de unidad  nacional, aún en la diversidad, ha derivado en una desleal competencia en una sociedad altamente estratificada, donde el tener es mucho  más valorado que el solo ser persona,  modelo competitivo que se ha instalado entre  los alumnos de un curso y otro, así como entre un colegio y otro, por la obtención de puntajes cuantitativos para figurar en los rankings, hecho que conlleva a escuelas y colegios la posibilidad de obtener más "clientes" escolares, descuidando, con resultados desastrosos para la convivencia respetuosa y pacífica, la formación del ciudadano, al extremo que los certificados de los estudios cursados solo certifican niveles de "instrucción" alcanzados que habilitan para hacer algo,  más, en ningún caso  lo que, tradicionalmente conociéramos como  "educación", un proceso integral de formación del futuro ciudadano provisto de  las condiciones que le permitan cumplir con sus deberes y asumir en plenitud con los  derechos que tal condición lleva implícito. En este panorama educacional, la figura de la profesora y profesor-que fuera profesional y socialmente  reconocida y valorada como dinámica y creativa gestora de la educación pública- ha visto limitada su tarea a la ejecución de políticas diseñadas desde el nivel central y presionada por los rendimientos académicos cuantitativos de lo cual depende la evaluación de su desempeño y de su estabilidad laboral, incluso, en muchos casos, se ha limitado y desvalorizado, sino desconocida, su autoridad frente a sus propios alumnos.

Cuando el Estado asume el rol de subsidiario de la educación y favorece el auge de la educación particular y privada, (que bien pueden  convivir con la pública - no competir- siempre y cuando  sea en igualdad de condiciones de sustentabilidad económica, capacidad técnico-pedagógica y administrativa), tanto la educación pública, como la función docente sufrieron un menoscabo que ha afectado su rendimiento y  desempeño, situación que corre el peligro de profundizar el abismo educacional en el  proyecto de Nueva Constitución que se elabora donde, hasta ahora, no se asegura el derecho a la educación ni su financiamiento y donde garantizar el derecho a estudiar en el establecimiento educacional de su preferencia resulta ser solo una pésima ironía.

Quienes legislan no deben olvidar que toda nuestra sociedad viaja en un mismo barco y cualquiera que sea la categoría de cada pasajero y aun cuando los tiempos y los vientos cambien, el destino del viaje es el mismo y al puerto a que se arribe, el Estado y los poderes que lo administran tienen la responsabilidad.

Alejandro Mege Valdebenito.