El activismo ha experimentado una evolución significativa en el siglo XXI, adaptándose a las nuevas tecnologías y a las dinámicas sociales cambiantes. Este fenómeno ha permitido que diversas causas sociales, ambientales y políticas ganen visibilidad y apoyo a nivel mundial. Sin embargo, esta evolución también ha dado lugar a la profesionalización del activismo, transformándolo en una actividad lucrativa para muchas profesiones y organizaciones no gubernamentales (ONG).

Actualmente, el activismo ha encontrado en las redes sociales una herramienta poderosa para movilizar a las masas y generar cambios. Plataformas como Twitter, Facebook e Instagram han permitido que los activistas lleguen a audiencias globales de manera rápida y efectiva. Un ejemplo claro de esto es el movimiento #MeToo, que comenzó en Estados Unidos y rápidamente se extendió a otros países, incluyendo Chile. Este movimiento ha tenido un impacto significativo muy positivo en la lucha contra el acoso y la violencia de género, demostrando el poder de las redes sociales para impulsar el cambio social.

Sin embargo, esta actividad también se ha convertido en una importante fuente de ingresos para algunas organizaciones, quienes han profesionalizado sus operaciones, contratando personal especializado y utilizando estrategias de marketing para atraer donaciones y financiamiento, generando empleo para una diversidad de profesionales como abogados, biólogos, sociólogos, trabajadores sociales, periodistas, entre otros. Según un informe de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, en 2020, las ONG en Chile recibieron más de $50 mil millones de pesos en donaciones y financiamiento externo. Esto ha permitido que amplíen sus operaciones y aumenten su impacto, pero también ha generado críticas sobre la posible mercantilización de las causas sociales.

El activismo medioambiental ha sido particularmente protagonista en los últimos años. Movimientos como "No a Dominga" y "Salvemos Punta de Choros" han logrado detener proyectos mineros y energéticos que amenazaban ecosistemas frágiles. Estos movimientos han contado con el apoyo de diversos expertos en materia ambiental, quienes han jugado un papel crucial en la defensa de los derechos de las comunidades afectadas y en la protección del medio ambiente, pero vale la pena tener en consideración también que los retrasos en la tramitación de permisos ambientales pueden costar alrededor del 0,5% del PIB anual en términos de actividad económica no realizada. Más localmente, el año pasado se dio a conocer un estudio dónde se indica que existen cerca de 9.653 empleos pendientes debido a los retrasos en la tramitación de proyectos ambientales en la región del Biobío, donde los proyectos toman casi 100 días más que el promedio nacional en ser aprobados, afectando con ello la economía y la calidad de vida de sus habitantes.

A pesar de las críticas, la profesionalización del activismo ha permitido que muchas causas sociales cuenten con los recursos y el apoyo para generar cambios necesarios. Sin embargo, es importante que se mantenga un equilibrio entre la búsqueda de financiamiento y la integridad de sus causas. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para garantizar que los recursos se utilicen de manera efectiva y que las causas sociales no se vean comprometidas por las millonarias cifras que moviliza hoy en día esta gran "industria" en crecimiento.

Roger Sepúlveda Carrasco

Rector Universidad Santo Tomás

Región del Biobío