Caso "Luminarias LED": Ex alcalde de Negrete Francisco Melo arriesga 818 días de cárcel

Más de 800 días de cárcel arriesga el ex alcalde de la comuna de Negrete, Francisco Melo, en el marco de la investigación por el delito de cohecho realizada por la fiscalía en el denominado caso "Luminarias LED".

Además de Melo, hay otros 18 imputados (incluido otro ex jefe comunal) y nueve empresas del grupo Itelecom involucradas en lo que ha sido una de las mayores tramas de corrupción descubiertas en los últimos años para favorecer a una empresa en las licitaciones públicas para la instalación de alumbrado público con la tecnología LED.

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el 8 de noviembre, a las 9 horas, la audiencia de preparación de juicio oral del caso Luminarias LED, tras proveer la acusación que la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla Donoso, presentó ante dicho tribunal.

DILIGENCIAS EN LA INVESTIGACIÓN

La investigación acreditó que la plana ejecutiva de la compañía ofreció sobornos, en forma directa o a través de intermediarios, a funcionarios públicos, para favorecer la adjudicación a dicha empresa de licitaciones de proyectos de recambio de luminarias en varias comunas del país.

Además de los delitos de soborno y cohecho, la fiscal Nayalet Mansilla imputó a los acusados los cargos de violación de secretos, lavado de activos, asociación ilícita, delitos tributarios y responsabilidad penal de la persona jurídica.

El 18 de mayo de 2022, la persecutora ya había presentado acusación, tras dos años de investigación, sin embargo, las defensas de algunos de los acusados solicitaron ese mismo mes la reapertura y la realización de diligencias investigativas. Una vez ejecutadas, la Fiscalía decidió cerrar la investigación el pasado 26 de septiembre.

En la acusación, se pide penas de cárcel efectiva que suman 28 años para León Marcelo Lefort Hernández, principal accionista y gerente general de las empresas del grupo Itelecom, por los delitos de soborno, lavado de activos, delitos tributarios y asociación ilícita.

Para los otros gerentes de la compañía, Pedro Guerra Guerrero, Leonardo Bustos Abarzúa y Ricardo Rodríguez Bizama, la Fiscalía pide penas de cárcel efectiva que suman 11 años para cada uno, por los cargos de soborno, lavado de activo y asociación ilícita.

En el caso del exfuncionario del Ministerio de Energía, Paul Pacheco Quintanilla, las penas solicitadas suman 9 años de cárcel por cohecho reiterado, lavado de activos y por delitos tributarios.

ALCALDES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES IMPUTADOS

Para el exalcalde de Negrete, Francisco Melo Márquez, acusado por el delito de cohecho, se piden 818 días de cárcel, y para el ex jefe comunal de Coyhaique, Rigoberto Alejandro Huala Canumán, penas que suman cuatro años de presidio por cohecho reiterado.

Así también está el asesor jurídico de la Municipalidad de Chillán, Marcelo Campos Henríquez, para quien solicitan 10 años de cárcel por el delito de cohecho, igual pena que se pide para el exconcejal de la misma comuna Víctor Sepúlveda Barra. En el caso del ex administrador de ese municipio, Ricardo Vallejos Palacios, se piden ocho años de cárcel, y respecto del empresario Víctor Amado Herrera, se solicitan siete años de cárcel por sobornar a aquellos funcionarios públicos.

Otros funcionarios públicos que cometieron cohecho son Julio Villaroel Rojas, secretario de Planificación de la Municipalidad de Coyhaique, quien arriesga una pena de cuatro años de cárcel, y su par de la Municipalidad de Negrete, David Encina Fonseca, respecto de quien se solicitan dos penas de 540 días de cárcel.

Por su parte, también se acusó a los particulares Rogers Mariangel Oviedo, Alex Fuenzalida Villalobos, Cristian Ureta Bravo y George Latrille Hucke, por el delito de soborno. A este último se le acusó, además, por asociación ilícita y delitos tributarios. A ellos se suman Javiera Correa Neira, por lavado de activos, y José Hidalgo Abarzúa por delitos tributarios.

Por último, en cuanto a las empresas del grupo Itelecom, en la acusación se pide su disolución, multas de 150 mil UTM y el comiso de los fondos que se encuentran sujetos a las medidas cautelares reales de retención e incautación, entre otras penas.