El pasado jueves 29 de octubre, la llamada "droga zombie" hizo su aparición en Chile tras la detención de un ciudadano argentino en el sur del país. El hombre transportaba Fentanilo en un bus, y días después en Coronel se aprehendió a una mujer que comercializaba el peligroso opioide.
Ante esta situación, la diputada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, presentó un proyecto de ley que busca fortalecer "la respuesta sancionatoria del Estado respecto de conductas relacionadas con la comercialización, internación y posesión de Fentanilo y sus derivados".
Tal como se apunta en el proyecto de ley, la legisladora dijo que "es una droga altamente adictiva y su alta toxicidad ha generado una alarma sanitaria en Estados Unidos". En este sentido, especificó que en 2022 en el país norteamericano "de todas las personas que murieron por sobredosis, alrededor de un 68% fueron imputadas al uso de fentanilo".
¿Qué contempla la iniciativa?
El proyecto impulsado que modifica la ley 20.000, estipula que aquel "que sin la debida autorización y en contravención de la ley produjere o internare al territorio nacional fentanilo o sus derivados; será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo a medio".
Asimismo, plantea lo mismo para quien "careciendo de la debida autorización comercialice o distribuya dichas sustancias". Las penas aumentan en caso que se entregue la droga a menores de edad.
Un segundo artículo de la iniciativa, señala que en caso de importar el fentanilo o sus derivados, el importador debe estar legalmente autorizado y "deberá informar a la autoridad sanitaria de la importación y acompañar ante el Servicio Nacional de Aduanas copia certificada de la resolución". En caso contrario, las sustancias serán remitidas a la autoridad sanitaria para su destrucción.
A su vez, el texto también se encarga de la regulación, explicó la parlamentaria, además "del control de la receta y también de la importación autorizada por los centros de salud". En este punto plantea que "solo se podrán suministrar fentanilo y sus derivados en dependencias de establecimientos hospitalarios o clínicas particulares". Y que solo por resolución fundada del director del establecimiento, "en casos de enfermedades graves o terminales; tratándose de pacientes que reciban cuidados paliativos; o en caso de pacientes de avanzada edad o con movilidad reducida, se autorizará de manera excepcional el suministro en el domicilio del paciente".
En esa misma línea, el proyecto de ley también sanciona a quien falsifique o haga uso malicioso de recetas médicas para justificar el uso de la la llamada "droga zombie"; y también tiene un artículo en que el fiscal, con acuerdo del imputado y con el fin de suspensión condicional del procedimiento penal, "podrá disponerse como condición por cumplir el ingreso a programas de prevención del consumo de drogas, tratamiento y rehabilitación".
Recordemos que la parlamentaria ha llevado a cabo una "Agenda Antidrogas 2.0", que concentra una serie de iniciativas para frenar el consumo de nuevas sustancias, dado el grado de sofisticación de éstas y los cambios en su adquisición, incluso, persiguiendo que las aplicaciones de venta de drogas puedan ser suspendidas, como es el caso de Grindr, donde los usuarios compran abiertamente y donde el "Tussi" es la preferida y donde la diputada ha insistido en nuevas regulaciones.
Finalmente, Ossandón, junto con manifestar que este "es un tema de salud pública que tiene implicancias en la seguridad ciudadana, que nos obliga a enfrentarlo con la mayor dureza", llamó al gobierno a sumarse a la iniciativa "para que le dé celeridad a este proyecto".
Revisa el proyecto de ley aquí: