En entrevista con Radio San Cristóbal, el subsecretario de Bienes Nacionales, Sebastián Vergara advirtió que muchas familias descubren las estafas al intentar inscribir sus terrenos, que en realidad corresponden a divisiones irregulares, vendidas hasta "dos o tres veces".
En diálogo con Radio San Cristóbal, Sebastián Vergara precisó que el monto rige tanto para terrenos urbanos como rurales. Además, entregó recomendaciones para evitar fraudes en loteos ilegales y detalló el procedimiento para acceder al título de dominio.
Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Ángeles sentenció a 541 días de presidio remitido a quien fraccionó un terreno en el sector rural de Cabrero. El condenado vendió lotes de menos de 5.000 m² entre octubre de 2017 y enero de 2018, con lo que infringió la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Se trata de la primera condena de ese tipo en la zona, luego que se lograra acreditar que los acusados vendieron esos loteos irregulares, engañando a familias que pagaron por esos sitios.
En conversación con radio San Cristóbal, Javiera Toro se refirió a las acciones que desde su cartera han llevado a cabo para enfrentar este tema. Asimismo, destacó la entrega de títulos de dominio durante esta semana en la región del Biobío.
La iniciativa indica que, se sancionará al que realice cualquier clase de actos o contratos que tengan por finalidad última o inmediata la transferencia del dominio. Se entenderá como tales, las ventas, promesas de venta, reservas de sitios, adjudicaciones en lote o constitución de comunidades o sociedades.
La compra de terrenos inferiores a 5.000 metros cuadrados se ha vuelto casi un mal hábito en diferentes partes de la comuna, sin embargo, diversas voces apuntan a un origen común de esta problemática, "no tener otro camino para obtener la vivienda propia".
Muchas veces se apunta con el dedo a quienes firman los documentos de cesión de derechos, asociados en algunos casos a loteos irregulares, sin embargo, los ministros de fe no son encargados de fiscalizar esta situación que no mantiene fiscalizadores oficiales por parte de las autoridades.
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