La Fiscalía Nacional Económica (FNE) ha presentado una acusación formal ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) por presunta colusión entre los operadores de casinos Dreams, Enjoy y Marina del Sol. Esta acusación, que ha encendido el debate en la industria del juego, involucra a los principales operadores de casinos del país y pone en el centro de la discusión la posible falta de competencia leal en el mercado.
El caso se basa en la sospecha de que estas empresas habrían llegado a acuerdos que restringen la competencia durante los años 2020 y 2021, en particular mediante la coordinación de licitaciones y prácticas comerciales anticompetitivas que buscan mantener el control del sector. De confirmarse, se trataría de uno de los casos de colusión más graves en la historia reciente de Chile, lo que ha llevado a la FNE a solicitar la multa más alta permitida por la ley en este tipo de infracciones, la cual equivale a 171.354 Unidades Tributarias Anuales (UTA), lo que se traduce en unos 151,9 millones de dólares. De dicha multa, Dreams sería el operador de casinos más perjudicado, teniendo que abonar una cantidad cercana a 112 millones de dólares. Por su parte, la parte dirigida a Enjoy sería de unos 36,8 millones de dólares.
Además, la FNE también ha solicitado diversas multas a los altos directivos de dichas organizaciones, entre ellos Jaime Wilhelm, gerente general de Dreams (a quien le correspondería el pago de un millón de dólares), Claudio Fischer, presidente del directorio de Dreams (834 mil dólares) y Henry Comber, presidente de Enjoy (115 mil dólares). En cuanto a Marina del Sol, la FNE ha solicitado que la empresa quede exenta de las sanciones económicas correspondientes por delación compensada, una medida presente en nuestro país desde la reforma legal de 2009. Según esta, los agentes integrantes de un cartel que entreguen antecedentes para la resolución de la conducta delictiva se ven beneficiados con la reducción o eximición de las sanciones pertinentes. En el caso de Marina del Sol, la empresa solicitó la entrada al programa de delación compensada el 2 de agosto de 2022, mismo día en el que las autoridades del Departamento O.S.9 de Carabineros empezaron a encargarse del caso. Tras el registro y las incautaciones realizadas en la operación, las autoridades descubrieron conversaciones clandestinas entre los altos cargos de los operadores, quienes habían recurrido al uso de mensajes temporales para no dejar evidencias de las prácticas realizadas.
En la investigación, La FNE afirma que las tres empresas llegaron a un acuerdo para ofertar a la renovación de los permisos y licencias, evitando hacerse la competencia las unas a las otras. Las reuniones en las que se materializó el pacto se llevaron a cabo entre mayo de 2021 y agosto de 2022, estando en ellas presentes los altos cargos antes mencionados, entre otros de los que de momento se desconocen sus nombres. En base a este pacto, dichos operadores de casinos pudieron ofrecer precios mucho más bajos de los que habrían sido posibles bajo un mercado libre, con algunas ofertas inferiores al 1% de sus ingresos brutos anuales, en comparación con las ofertas presentadas en licitaciones previas, las cuales estuvieron cerca del 20% de sus ingresos brutos anuales.
En palabras del fiscal nacional económico, Jorge Grunberg, "esta colusión permitió a Dreams, Enjoy y Marina del Sol renovar por 15 años los permisos que tenían para operar casinos de juego en el país, con ofertas económicas que estuvieron muy por debajo de las que hubiera garantizado un proceso competitivo". Además, Grunberg ha añadido que "las multas consideran la gravedad de un cartel que ha estado afectando directamente los intereses del Estado y los recursos de las municipalidades donde se encuentran los casinos operados", puesto que entre los años 2017 y 2023, las tres empresas concentraron el 90% de los ingresos de la industria en el país, lo que se traduce en unos 400 mil millones de pesos anuales. Es este el motivo por el que las sanciones que se solicitan superan a las reclamadas en otros casos de colusión de nuestro país, como el de los "Pollos" (110.000 UTA) o el de ‘Alimento para salmones" (90.000 UTA).
Con lo expuesto, el contraste entre los casinos físicos y el auge de los casinos online es evidente. Mientras la industria física en Chile enfrenta escándalos y acusaciones de colusión, los casinos en línea han logrado crear un entorno más regulado y competitivo a nivel global, donde las plataformas operan bajo marcos legales que promueven la transparencia. Un ejemplo destacado es Jackpot City Casino, que ha sido objeto de análisis en numerosas reseñas debido a su estabilidad, variedad de opciones de juego y medidas de seguridad para proteger a los usuarios. La reseña de Jackpot City Casino muestra cómo este tipo de operadores han sabido adaptarse a las exigencias de los jugadores modernos, ofreciendo experiencias accesibles y seguras, sin las complicaciones y los riesgos que actualmente afectan a los casinos físicos chilenos.
A medida que más jugadores optan por alternativas digitales, la industria online sigue consolidándose como una opción atractiva y, en muchos casos, más fiable para el público. Sin duda, lo sucedido con los casinos físicos en Chile no ha jugado a su favor para desbancar a la competencia digital, una opción del sector del juego que cada vez gana más terreno.