No cabe duda de que aquellas ciudades que ofrecen espacios públicos de calidad logran generar impactos positivos y beneficios compartidos, permitiendo diferenciarlas de otras que no logran ofrecer espacios atractivos, seguros e inclusivos para la recreación y la movilidad de sus habitantes, y consecuentemente, no logran atraer ni retener la inversión ni a nuevos habitantes.
Los beneficios del espacio público han sido estudiados y debatidos en estudios de diversas áreas (urbanismo, psicología, economía, medioambiente, medicina, derecho, por nombrar algunas) y han conducido a una mejora sostenida de las políticas urbanas en muchos lugares, de lo cual, creo, es justo decir que las ciudades chilenas se han hecho partícipes de esta tendencia.
En estudios recientes de ciudades intermedias chilenas, y en particular en los Indicadores de Calidad de Vida Urbana (ICVU 2021), se indica que la ciudad de Los Ángeles tiene un desempeño medio bajo en el conjunto de seis variables, entre las que destacan sus limitados niveles de conectividad y movilidad. Por su parte, en el Sistema de Indicadores Estándares de Desarrollo Urbano (SIEDU) se establece que la cantidad de superficie de áreas verdes recomendada por habitante es de 10m2 (CNDU) y la ciudad de Los Ángeles solo alcanza 5.34 (INE, 2018), siendo este resultado una brecha muy difícil de subsanar de acuerdo con el mismo estudio.
En línea con lo anterior, se debe recordar que hoy los municipios tienen la obligación de establecer de manera participativa con la comunidad mecanismos de gestión urbana conducentes a la mejora del espacio público y la movilidad en zonas urbanas y rurales, mediante el desarrollo del Plan de Inversión en Infraestructura de Movilidad y Espacio Público (PIIMEP). Este instrumento, de carácter vinculante, debe establecer las prioridades de desarrollo de manera consensuada a través de una cartera de proyectos a implementar en un periodo determinado, en base al aporte de aquellos proyectos que se desarrollen en la comuna (Ley de Aportes al Espacio Público).
Como gremio entendemos que, si bien los aportes asociados a este instrumento pueden ser insuficientes para disminuir significativamente las brechas expuestas, estos sí tienen el potencial de direccionar la inversión y los esfuerzos de los distintos sectores de manera estratégica y propender al desarrollo de espacios públicos más humanos cuando se integra adecuadamente con otros instrumentos e iniciativas, tanto públicas como privadas.
Por todo lo anterior, consideramos que la participación activa de las comunidades locales en los procesos de desarrollo de estos planes, al igual que la demanda por mejores espacios públicos es fundamental para asegurar los resultados esperados en nuestras ciudades, pero también entendemos que estos procesos no se traducirán en transformaciones reales a mediano plazo en la medida que las autoridades locales no los aborden con la relevancia que ameritan y promuevan también la generación de consensos realistas que permitan orientar la inversión a aquellos lugares donde más se necesita; ya que la mera aprobación de planes o instrumentos de ordenamiento territorial no es suficiente para hacer mejores ciudades.
Emilio Thodes Miranda
Consultor Urbanista
Presidente Comisión Ciudad y Territorio Cámara Chilena de la Construcción