La escuela pública chilena nace de la heterogeneidad, dándole espacio al hijo del obrero, del albañil, de la empleada y del profesional, porque se asumía que era el lugar de socialización y de encuentro pleno. Las diferencias, en las relaciones escolares siempre se resolvían desde la pedagogía y la educación, sin que mediaran actores externos que invadieran la misión social y democrática de la escuela.

La escuela chilena sufre una fragmentación, desde mediados de la década de los setenta, en el siglo pasado, afectando su diversidad y consagrando la selección de estudiantes.

También se saca del estado docente a los mejores profesores, exonerándolos, para luego improvisar reemplazos, que con el andar del tiempo vienen a afectar los aprendizajes. Recientemente se recupera el principio colectivo de la escuela, abriendo sus puertas a la histórica, diversidad, cuestión que se reproduce en las aulas, con toda la compleja problemática social que conocemos y que afecta, notablemente, las relaciones escolares.

En este contexto histórico social es donde irrumpen, en la escuela, los tribunales, fiscalía y policías a resolver los temas de las relaciones escolares, con el respaldo de una especial legislación que viene a enfrentar a los estudiantes, docentes y la familia. Recientemente debuta la miscelánea Ley Karin, que invade potestades que bien podrían haber estado incorporadas en el Código del Trabajo, sin embargo, las sitúan al interior de las organizaciones, transformando a directivos y jefaturas en investigadores, aportando una alta posibilidad de subjetividades en el abordaje de los problemas sin dejar de mencionar el nivel de tensiones internas que viene a provocar. Esta Ley también se enfoca en el quehacer de la escuela, reforzándose así la judicialización de ésta. Este fenómeno que ha sido abordado y estudiado con mucho rigor, en varios países del continente, en nuestro medio, en cambio, solo nos hemos limitado a seguir el curso de lo que se propone sin entrar a debatir y menos a formularnos las preguntas del porqué hemos arribado a este estado, por lo tanto, tampoco encontramos propuestas  que pudieran permitir recuperar el liderazgo natural de la escuela y del profesor, para administrar las contingencias que nos generan las complejas relaciones escolares. En esta breve síntesis donde cuestionamos la judicialización de nuestra escuela pública, hay dos cuestiones fundamentales que deberíamos tener presente.

Las investigaciones que conocemos sobre esta materia nos señalan que... "la judicialización produce un repliegue de la comunidad sobre sí misma, empobreciendo las prácticas pedagógicas y educativas". Por otro lado, también viene a poner en duda la capacidad de docentes y estudiantes para generar climas y respuestas adecuadas frente a las contingencias de la convivencia.

El investigador Gabriel Brunner plantea con mucha fuerza que para romper la lógica de víctima y culpable (que persigue la judicialización), es necesario impulsar desde el ámbito docente, fortalecer el acto educativo, cuya esencia es enseñar, educar, reparar y cambiar. A partir de esta acción es posible lograr nuevos aprendizaje para enfrentar y modificar las conductas disruptivas de los estudiantes.

El profesor, que hasta ahora se habla a sí mismo, espera recuperar la autoridad y la confianza del Estado, para ejercer su función en plenitud.

Mario Morales Burgos

Profesor