La región del Biobío inició formalmente el proceso de elaboración del Plan de Acción Regional para el Cambio Climático de la Región del Biobío, este es un requerimiento de la nueva ley de Cambio Climático. Se constituye un comité que preside el gobernador de la región y donde participan los distintos SEREMIS y representantes de la sociedad civil.
Un enorme desafío porque el Estado y sus organizaciones acostumbran a trabajar en forma sectorial y, en este caso, necesitamos una mirada intersectorial, que considere además aspectos participativos, con perspectiva de género y de los pueblos originarios.
Estos son requerimientos para que el proceso pueda tener legitimidad y que pueda resultar en un plan que sea realmente efectivo y propositivo con medidas realistas, ejecutables y con un financiamiento adecuado. Sin duda, la tarea es compleja, pero con la colaboración de las partes interesadas, que incluyen a la comunidad y al sector privado, se puede construir un plan que tenga medidas que sean implementadas en un plazo razonable y que cuenten con los recursos para ello.
Una de las dificultades —que también observó la OCDE en su reporte sobre el desempeño ambiental de Chile de este año—, es que tenemos buenas ideas para proteger el medio ambiente y se crean nuevas instituciones —se adoptan planes, programas y medidas—, pero sin dotarlas del adecuado financiamiento para su implementación, como está ocurriendo con la nueva Ley de Humedales Urbanos.
Dado lo crítico que resulta la actual crisis climática, es cuando más necesitamos de la colaboración, entre los diferentes estamentos del Estado y entre el Estado, los privados, y la comunidad. Estamos bajo presión, porque necesitamos actuar rápido, pero a la vez debemos pensar en medidas que aborden la complejidad del problema y que, en lo posible, tengan variados impactos positivos, por ejemplo, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero también resulta en la mejora local de la calidad del aire, que tiene un impacto directo en la salud de las personas.
En términos de la adaptación se han hecho variadas propuestas, las cuales deben permitirnos, por ejemplo, ayudar a resolver el problema de la escasez hídrica en zonas rurales, buscando nuevas fuentes de agua y reutilizando las aguas grises, pues ya las regulaciones permiten estas medidas.
El Centro EULA está elaborando los insumos para este Plan y, creemos, que debe ser un plan que permita avanzar hacia metas más ambiciosas, pero que a la vez permita visibilizar oportunidades para una región que cada vez es más golpeada por eventos extremos, en parte, atribuibles a la crisis climática.
Dr. Ricardo O. Barra y Dr. Francisco de la Barrera
Centro EULA y Facultad de Ciencias Ambientales,
Universidad de Concepción