El aumento de hechos de violencia y homicidios en Los Ángeles, que se viene produciendo hace poco más de un año y medio, tendría directa relación con una guerra de bandas de narcotraficantes rivales, de acuerdo a los antecedentes divulgados por la Fiscalía, en el marco del mega-operativo policial que implicó allanamientos, 16 detenidos y el decomiso de drogas, armas y dinero.
La fiscal jefe de Los Ángeles, María Gemita Rojas se refirió al procedimiento llevado a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI) la semana pasada. “Este es un trabajo que se viene realizando con la fiscalía local de Los Ángeles por un equipo de tres fiscales desde el año pasado. Estas investigaciones comenzaron a principios del segundo semestre del 2021 para intentar hacer frente a una serie de hechos de violencia que afectaban a la ciudad. Este trabajo, en parte, se ve refrendado por el operativo policial multidisciplinario que se llevó a efecto el pasado martes, el cual fue instruido y organizado por la fiscalía local de Los Ángeles, trabajando con diversas unidades operativas de las policías”.
En esa misma línea, detalló que “se solicitaron al tribunal de garantía un aproximado de 26 órdenes de entrada y registro, se solicitan 12 órdenes de detención, las cuales son fundadas y el tribunal accede a ellas, y allanándose en definitiva 26 domicilios y además cumpliéndose 10 órdenes de detención de las 12 que se habían solicitado. Este trabajo lo realizaron los tres ficales ya señalados, y que dicen relación con temas de infracción a la ley de drogas, tráfico propiamente tal, infracción a la ley de armas ya que hay gran cantidad de armas incautadas, y delitos contra la vida, en particular homicidios que tienen algunos el carácter de calificado, y otros que tienen el grado de frustrado”, precisó.
LA BATALLA POR LA PRISIÓN PREVENTIVA
La fiscal jefe además reveló la batalla que lideró el Ministerio Público por revertir la decisión del tribunal de Garantía que desestimó la prisión preventiva a los detenidos: “El día martes se alcanzan a pasar a control a imputados por tres causas diversas, en definitiva se agruparon, pero cuya audiencia se extendió hasta casi la una de la madrugada del miércoles, y esto provoca que a esa hora el Tribunal de Garantía de Los Ángeles no diera lugar a la medida cautelar de prisión preventiva que estimaba el Ministerio Público que era la única que satisface las necesidades del procedimiento, además de proteger la seguridad de la sociedad, y es por eso que cuando el Tribunal de Garantía no da a lugar a la prisión preventiva, uno de los fiscales que se encontraba en la audiencia apeló verbalmente a dicha resolución, la cual es conocida el jueves en la Corte de Apelaciones de Concepción y refrenda la opinión del ministerio público, revoca la resolución del Tribunal de Garantía, y ordena que los imputados sean mantenidos en prisión preventiva”.
ASOCIACIÓN ILÍCITA
En los detalles de la investigación, se recalcó que “el Ministerio Público plantea y sostiene la teoría de la asociación ilícita para cometer estos homicidios, esto tiene con una agrupación de personas que se han organizado, que tienen una estructura, que tienen funciones, y que además tienen diversos niveles de participación y decisión encada uno de estos hechos”.
Se precisó que “en algunos casos se habla de que es un homicidio calificado porque se actuó por premio o promesa remuneratoria, en otros casos se habla de que se habría llevado a cabo un homicidio con alevosía, dependiendo de la situación en cada caso. La verdad es que son varios los homicidios investigados y las circunstancias son diversas en cada uno de ellos, no se puede entregar mayor información porque las investigaciones han sido declarada secretas”.
Gemita Rojas sostuvo que “todos los actos de violencia en la ciudad, de acuerdo a la investigación que se realiza hasta el momento, tienen por objeto o dañar y causar temor a bandas rivales en cuanto al comercio de drogas, o al comercio de armas directamente, y las armas participan en esta asociación porque son el medio que utilizan para defender este comercio y provocar temor en los vecinos y temor en otras bandas que pudieran ser rivales”.
De acuerdo a la fiscal, “es un trabajo arduo y difícil que hay que llevar en silencio por el tipo de investigación y de delito, por las amenazas que puedan afectar a los vecinos o a las personas que actúan como testigos (...) es un trabajo que para nosotros no termina, para nosotros va a terminar una vez que presentemos estas causas a juicio y obtengamos una condena. El trabajo del ministerio público es en silencio”.
