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La fiscal jefe de San Carlos, Tamara Cuello, formalizó investigación por el delito de femicidio íntimo en contra de L.M.V.V., a quien se investiga como autor de la muerte de María José Ramírez Muñoz, después de que se le perdiera todo rastro tras salir desde su casa, en esa comuna, el 23 de marzo de este año.
Según la investigación de la Fiscalía, el imputado acordó reunirse ese día con la víctima, con quien mantenía una relación de amistad y sentimental desde hace algunos años.
La fiscal Tamara Cuello precisó en la audiencia de formalización que en ese contexto, siendo cerca de las 20:55 horas del día de los hechos, la mujer salió de su vivienda, la que se ubica en callejón Los Cerda s/n de San Carlos, para reunirse con el imputado en las cercanías de su domicilio".
Asimismo, acotó que el imputado realizó maniobras "para desaparecer el cuerpo de la víctima y para evitar su pronta búsqueda por parte de su familia".
L.M.V.V. se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Chillán por una causa de tráfico ilícito de drogas y cultivo ilegal de marihuana, investigación por la que enfrentará, el martes 7 de enero, un juicio oral.
Por ello, en la audiencia de formalización, la Fiscalía solicitó ante el Juzgado de Garantía de San Carlos la prisión preventiva anticipada. Sin embargo, si bien el tribunal acreditó el delito, la participación del imputado y la necesidad de cautela, decretó el arresto domiciliario total. Ante esto, la fiscal Tamara Cuello apeló verbalmente, por lo que la Corte de Apelaciones de Chillán deberá determinar con qué medida cautelar queda.
"Esta es una investigación de largo aliento, para lo cual la PDI utilizó muchos recursos tecnológicos y apoyos también del Laboratorio de Criminalística, de las brigadas canina, subacuáticas, aeropolicial, y junto con ello se formó un equipo multidisciplinario avocado a realizar en el menor tiempo posible las diligencias de mayor relevancia", explicó el comisario Francisco Escobar Muñoz, de la Brigada Investigadora Criminal (Bicrim) de San Carlos.
La fiscal Tamara Cuello expuso una serie de antecedentes y diligencias científico- técnicas del equipo multidisciplinario que creó la PDI para este caso que permiten acreditar la participación del imputado en el hecho punible.
En primer término, la fiscal fundamentó que entre víctima y victimario existía una relación sentimental que si bien en lo formal se había terminado hace un tiempo, continuaba de todas formas. Dicho vínculo lo describió además como uno de dependencia emocional y monetaria, con una interacción tensa que fue creciendo en el tiempo.
Explicó que el día de la desaparición de María José, el imputado la pasó a buscar a un paradero cercano a su vivienda, última imagen que se tiene de la joven y que quedó captada en una cámara de seguridad.
Acotó que la misma noche que la joven desapareció, el imputado envió mensajes de WhatsApp a la madre de la víctima, haciéndose pasar por María José. En esos mensajes nombra a dos hombres con el fin de desviar la atención de la familia y de la policía. Estos mensajes estaban escritos con faltas de ortografía y con una redacción que extrañó a su madre.
La fiscal expuso que el imputado incluso envió a la madre de María José, la misma noche que ésta desapareció, una foto de él y su actual polola en un restaurante, de la boleta de consumo (la que pidió antes de que le llegara el plato a la mesa), otra de la casa de su pareja y de su camioneta estacionada afuera de esta vivienda, "todo para fabricarse una coartada", dijo.
Además, está la revisión de cámaras de seguridad en rutas y la geolocalización del tráfico de teléfonos de la víctima y victimario, lo que analizó la PDI y permitió concluir que ambos estuvieron juntos la noche en que la joven desapareció.
A todos ello se suma que en un vertedero cercano a la vivienda del imputado se encontró ropa que fue reconocida por los familiares de la víctima, cuyo cuerpo no ha sido encontrado, pese a las intensas diligencias de rastreos realizadas en estos meses, tareas que seguirán desarrollándose.
El Juzgado de Garantía de San Carlos decretó 90 días de plazo para la investigación de la Fiscalía.
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