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El acusado, según el Ministerio Público, transportó a un total de 12 migrantes irregulares, entre los que se encontraban cuatro menores de edad, desde la frontera de Chile con Bolivia hasta la ciudad de Arica.
La Corte destacó la gravedad de los hechos y la necesidad de proteger a las personas involucradas, así como prevenir futuros delitos.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, los hechos se produjeron el 2 de abril de 2025, cuando González Cuevas fue detenido por Carabineros a la altura del kilómetro 63 de la Ruta A-93, en la comuna de General Lagos, región de Arica y Parinacota.
El acusado intentaba trasladar a los migrantes de manera ilegal a través de una ruta no habilitada, transportándolos en condiciones precarias.
Los migrantes, quienes habrían pagado $400 mil cada uno por el servicio, eran parte de una red de tráfico que operaba en la zona. Según las autoridades, González Cuevas coordinaba este ingreso ilegal con otros individuos de nacionalidad peruana, quienes ayudaban en el cruce fronterizo de los migrantes.
El modus operandi consistía en ofrecer el paso por territorio chileno a cambio de grandes sumas de dinero, aprovechando las rutas no controladas y las debilidades del sistema de control fronterizo.
La Fiscalía también detalló que los migrantes no solo pagaron una suma considerable por el cruce, sino que estaban expuestos a grandes riesgos durante el trayecto, ya que las condiciones de transporte eran inapropiadas y el acceso a asistencia básica, como alimentos y agua, era limitado.
La intervención de Carabineros evitó que la situación pudiera empeorar, deteniendo al acusado en flagrancia.
Además de la acusación por tráfico de migrantes, el Ministerio Público sigue investigando si existen otros implicados en la organización de la red de tráfico, y si esta operación tiene vínculos con otras actividades delictivas en la región.
Se espera que la investigación avance y que se presenten más pruebas que permitan identificar a otras personas involucradas en este tipo de delitos, que han incrementado en los últimos años debido a la creciente migración irregular en la zona norte del país.
La decisión fue tomada por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Arica, que resolvió, por unanimidad, que el imputado debería permanecer en el Complejo Penitenciario de Acha debido al riesgo que representaba para la seguridad de la sociedad si recuperaba su libertad.
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