Tras la resolución del máximo tribunal de justicia, las diputadas Karen Medina y Flor Weisse, representantes de la provincia de Biobío y Arauco respectivamente, cuestionaron la determinación judicial, al insistir en los cuestionamientos que llevaron a un grupo de diputados y diputadas a solicitar la remoción de la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena.
Las diputadas insistieron en que según su criterio, existe una clara falta de prolijidad en el proceso y manifestaron su preocupación por las eventuales negligencias que pudieran estar ocurriendo en la labor desempeñada por la fiscal regional. "Esto es impresentable", afirmaron enérgicamente.
No obstante, a pesar de la resolución adversa, Medina y Weisse no descartaron la posibilidad de perseverar en una nueva solicitud de remoción, en la cual buscarán recopilar mayores antecedentes que respalden sus argumentos. Su intención es presentar una solicitud más sólida y contundente, en la que se refleje la preocupación legítima por la calidad y transparencia de la labor realizada en la zona.
La decisión de la Corte Suprema ha generado un intenso debate en el ámbito político y judicial. Mientras algunos respaldan la resolución del máximo tribunal, argumentando la necesidad de respetar la independencia del Ministerio Público, otros sectores se suman a las críticas de las diputadas, señalando que es fundamental garantizar la adecuada fiscalización de los representantes del Ministerio Público y velar por la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia.
Con esta nueva situación, queda por delante un escenario de incertidumbre respecto a la continuidad de Marcela Cartagena como fiscal regional del Biobío y la posibilidad de una nueva solicitud de remoción respaldada por mayores antecedentes. El debate sobre la idoneidad de las decisiones judiciales y la necesidad de contar con instituciones sólidas y transparentes se mantiene vigente en el ámbito político y social de la zona.
Recordemos que en la decisión analizada por el Pleno del máximo tribunal el 8 de mayo pasado, la Corte Suprema sostuvo que el requerimiento no entrega medios de prueba de las supuestas inconductas de la autoridad requerida, por lo que no puede ser admitida a tramitación, ya que lo anterior es requisito esencial para iniciar el proceso y que la requerida ejerza su derecho a defensa.
"ESTO ES IMPRESENTABLE"
La diputada del distrito 21 Karen Medina (PDG) dijo que "lamentablemente esa es la autonomía del Poder Judicial. Nosotros ocupamos nuestras facultades que era juntar a un grupo de 16 diputados, donde solicitamos remover a la fiscal Cartagena porque en nuestra región han habido casos gravísimos en donde se ha demostrado y ha quedado a la vista la falta de compromiso e inoperancia del Ministerio Público, por lo mismo estábamos pidiendo la remoción de la fiscal".
En esa línea agregó que "lamentamos mucho que la Corte Suprema haya declarado esto inadmisible porque está demostrando y está apoyando a un Ministerio que no está funcionando bien, que no está dando el alto ni el ancho para proteger a nuestra región, a nuestros ciudadanos".
Junto con ello, la parlamentaria enfatizó que "es lamentable este hecho, vamos a estar muy al pendiente ya que aquí seguimos con casos irregulares, y vamos a seguir oficiando y fiscalizando para que estos servicios puedan funcionar, porque no puede ser que nuestra gente esté a la deriva porque ellos no hacen bien su trabajo. Esto es impresentable".
"HAY FALTA DE CELERIDAD, PROLIJIDAD O EVENTUALMENTE NEGLIGENCIA"
Por su parte, la diputada Flor Weisse (UDI) manifestó que "la ley nos concede una facultad, en nuestro rol de fiscalizadores, en atención a lo que hemos evaluado ha existido negligencia manifiesta en situaciones como las de Tomas Bravo, Sergio Mardoff, hechos ocurridos por la Fiscal de Tomé y acciones contra Luis Lugo Machado y en delitos de abigeato".
En esa línea agregó que "esas razones nos llevaron a realizar la presentación que fue evaluada por el Pleno de la Corte Suprema que con el votó en contra de ocho ministros consideró que no hay negligencia en el actuar de la máxima autoridad del Ministerio Público en el Biobío".
En este punto, la parlamentaria enfatizó que "en nuestra opinión, el ejercicio de la facultad nos deja tranquilos por cuanto, colocamos en antecedente del máximo tribunal lo que ocurre".
Por último agregó que "si a juicio del máximo tribunal faltan antecedentes para acreditar la causal invocada, los tendremos que configurar para perseverar en la solicitud, que en nuestra opinión y la de la familia de las víctimas, hay falta de celeridad, prolijidad o eventualmente negligencia".
