La posible venta de las casas de los ex Presidentes Salvador Allende y Patricio Aylwin, ubicadas en la comuna de Providencia, ha generado controversia en los últimos días. La intención inicial era que ambas propiedades fueran adquiridas por el Estado para convertirlas en museos, preservando así su valor histórico y patrimonial.
En el caso del ex Presidente Aylwin, la compra de su casa, propiedad actualmente de sus herederos, Miguel y Mariana Aylwin, ya se ha definido. No obstante, la venta de la casa de Salvador Allende ha encontrado un obstáculo legal, ya que los propietarios son sus nietos, entre ellos la actual ministra de Defensa, Maya Fernández, su hermano Alejandro y su madre, la senadora Isabel Allende Bussi. Esta situación genera un conflicto de interés, impidiendo la transacción según lo establece la Constitución.
CONFLICTO DE INTERÉS Y PROHIBICIONES CONSTITUCIONALES
De acuerdo con el artículo 37 bis de la Constitución, los ministros, durante el ejercicio de sus funciones, tienen prohibido celebrar contratos con el Estado. Esta disposición se extiende no solo a las transacciones comerciales, sino también a la participación en cualquier tipo de juicio o gestión administrativa en la que puedan tener un interés directo.
Asimismo, se les prohíbe ser directores de bancos o sociedades anónimas, o ejercer cargos similares en dichas actividades. En este contexto, la presencia de Maya Fernández como una de las propietarias hace inviable que el Estado adquiera la casa de Salvador Allende sin infringir estas normativas.
Ante esta situación, el presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió a la fallida compra por parte del Estado de la casa del ex Presidente Allende. En declaraciones emitidas tras su expedición al Polo Sur, donde estuvo acompañado precisamente por la ministra Fernández, el mandatario explicó: "Debido a una incompatibilidad respecto de la estructura de propiedad de esa vivienda en particular, se decidió detener la compra, hasta que ese problema sea eventualmente solucionado". Boric subrayó que "si no se puede hacer la compra" es "porque en Chile las instituciones funcionan".
Asimismo, añadió: "Acá, que no les quepa duda, y esto quiero decirlo de manera muy clara: nadie está buscando hacer ningún tipo de negocio, ni enriquecerse a costa del Estado. Eso jamás lo permitiría".
