En un 80% habría disminuido el delito del robo de madera en la Macrozona Sur, según las cifras que entregó René Muñoz, gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, en entrevista con radio San Cristóbal.
Junto con ello, indicó que las cifras de atentados han disminuido este 2023, pero criticó el nulo avance de la fiscalía en las investigaciones para dar con los responsables de estos hechos.
ATENTADOS 2023 Y DIMINUCIÓN DE CIFRAS
En particular indicó que "objetivamente tenemos que decir que tenemos una reducción en la afectación a los contratistas forestales, nosotros hoy día contabilizamos 36 atentados, y el año pasado a esta fecha llevábamos 85 atentados, o sea que pudiéramos decir que hay una disminución".
En esa línea señaló que "sin duda que el año pasado no es un año para poder compararlo, ya que ha sido el año más violento desde el 2014, pero da a entender que hay una disminución y uno la puede atribuir a varias causas, pero creo que la principal ha sido la promulgación en septiembre del año pasado de la ley del robo de maderas, porque el robo de madera era el insumo que tenían estos grupos terroristas para producir recursos para comprar armas y movilizarse, y eso la verdad es que se ha ido atacando de manera importante", expresó.
El gerente de Acoforag puntualizó que "si el año 2021 se hablaba de 100 millones de dólares en robo de madera, las estimaciones para este año hablan de una disminución del 80%, o sea, estaríamos hablando entre 20 y 30 millones de dólares, lo que es una disminución muy importante, pero la actividad se mantiene".
LEY DE USURPACIONES
Al abordar el veto a la ley de usurpaciones, y las acciones violentas que realizan grupos en la Macrozona Sur para tomarse predios forestales y explotarlos, René Muñoz señaló que "eso es lo que hemos planteado en término también de la ley de usurpaciones, que fue aprobada por el Congreso, y que fue vetada por el Ejecutivo, donde para nosotros la usurpación es el comienzo de la cadena delictual y de la cadena violenta, donde no sólo nos ataca a nosotros".
En ese sentido agregó que "aquí hay que entender que nosotros somos una parte de la afectación, porque aquí hay incorporados agricultores, comerciantes, sectores del turismo, entonces la usurpación de manera violenta habría el espacio para que aparecieran grupos violentos a defender esa usurpación, y obviamente a permitir luego que llegaran grupos que ejecutaban las faenas y robaran la madera de los predios forestales, no sólo de empresas grandes", precisó.
Junto con ello puntualizó que "aquí se habla de que el robo se justifica en parte porque se está cometiendo a empresas grandes que son millonarias, pero la verdad es que aquí la afectación es a todos y también hay muchos particulares incorporados, y por ejemplo, en el caso de los atentados a los contratistas forestales este año, de los 36 atentados que tenemos, hay 20 que corresponden a particulares, no a empresas".
INVESTIGACIONES EN ATAQUES INCENDIARIOS
Al abordar las investigaciones a los ataques incendiarios, el gerente de Acoforag manifestó que "la verdad es que eso tiene un avance muy lento, de los 464 atentados que tenemos nosotros en 10 años, hay tres: Uno de Cañete, otro de Lautaro y uno de Lumaco que están juzgados. En Los Ángeles esta en juicio, y cierto que hay detenidos, pero no está juzgado, por lo tanto no hay condenas, y para nosotros no está cerrado el caso", sostuvo.
En este punto además precisó que "entonces de los 464 hay tres que están cerrados, por lo que creemos que es poco, es menos del 0.1%, y esa eficacia de la fiscalía es muy baja, y la verdad es que siempre ha sido nuestro reclamo, y muchos de los 464 casos están archivados, y donde la fiscalía no ha perseverado, por lo tanto, ya están perdidos".
Por último manifestó que "el trabajo de la fiscalía es lento, porque por lo menos lo que dice la fiscalía regional de Biobío es que hay pocos recursos, hay un equipo muy bajo de abogados, por lo que pensamos que es responsabilidad del Estado el no asignarles más recursos y mayor cantidad de profesionales para que esto avance".
