La llamada educación pública o enseñanza pública,
como se la debe reconocer, es aquella
que se imparte en un marco de igualdad que permite el acceso a la educación,
como un derecho inherente a la condición humana, de todas las clases sociales,
permitiendo que en un lugar común se dé el encuentro y la convivencia entre las personas que, por sobre sus
diferencias, se identifican como hijos
de una misma patria, que comparten igual
sentido de unidad nacional, similar sentimiento de pertenencia, así como asumen
el deber y el derecho de tener participación activa en la construcción de una
realidad social que se vive y que les afecta para la cual todos su habitantes
deben estar preparados para asumirla.
El Estado tiene la responsabilidad de garantizar la
educación pública, más allá de que haya otras visiones, legítimas por cierto,
de una educación impartida por privados, educación que, por lo demás, es
anterior a la pública, pero privilegio solo de unos pocos, de una elite
social, hecho que llevó a los gobiernos
de José Miguel Carrera, Bernardo
O`Higgins y José Joaquín Prieto -con más consciencia de igualdad social y la
necesidad de una educación para todos para hacer crecer y desarrollarse a una
nación que la dirigencia política de hoy-
a decretar la obligatoriedad de una educación pública, adquiriendo la
educación del pueblo rango constitucional en la Carta Magna de 1833 cuando
estableció que La educación pública es una atención preferente del gobierno.
El Congreso formará un plan general de educación nacional, y el Ministerio del
despacho respectivo le dará cuenta anualmente del estado de ella en toda la
república y dispuso la creación de una superintendencia de educación pública,
medida que hoy, 186 años después, se le reconoce necesaria.
En la reforma a la educación que se pretende
instalar a través de la modificación del currículo escolar subyacen elementos
propios de la concepción elitista de la educación de los
tiempos coloniales: una educación solo para quienes tengan méritos para
recibirla. Al respecto la pregunta es: ¿De dónde provienen la mayoría, si no
todos, los estudiantes considerados meritorios? De la clase culta, como antes,
diría la educadora Amanda Labarca, cuyos hijos estudiaban en la educación
privada y en la escuela fiscal, lo hacían el hijo del peón o del artesano .
Igual situación que aflige a los
estudiantes de hoy que, por su condición social, cultural y económica tienen pocas opciones de acumular méritos,
aunque tengan talentos.
Lo esperable en educación de todo gobierno es que el Estado, cumpla con su
rol social para quienes más lo
requieran; que respalde y fortalezca el sistema público de educación y no lo
deje abandonado a los vaivenes de la economía de mercado de modo que el sistema
público pueda competir , si de eso se trata, en igualdad de condiciones con el
sistema privado que no tiene las mismas limitaciones ni condicionantes que el
abandonado sistema público.
Las observaciones que se hacen, desde distintos
sectores a los cambios propuestos en educación, apuntan al desconocimiento
de la lógica y racionalidad de los
cambios y solicitan conocer las bases curriculares (aún no conocidas) que lo
sustentan y permitir una discusión y un análisis público y democrático.
Alejandro
Mege Valdebenito