"La educación es un derecho humano con un inmenso poder de transformación. En su fundamento descansan las piedras angulares de la libertad, la democracia y el desarrollo sostenible"

Kofi Annan, Premio Nobel de la Paz/ secretario general de las Naciones Unidas

A pesar de las declaraciones de buenas intenciones, incluso de las leyes dictadas, más no debidamente implementadas, para mejorar los resultados de nuestro sistema escolar, tenemos importantes debilidades que superar. Así, junto con una cifra no precisada aún de alumnos que no se han podido incorporar a clases el presente año por falta de matrícula en el sistema escolar público, con la legítima preocupación de los padres manifestada en los distintos medios de comunicación, una reciente información periodística nos recordó que, de acuerdo a la ley 20.529 del año 2011, que creó el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación - para mejorar la eficiencia y calidad del sistema escolar- establece, en su art 1 que: "Es deber del Estado propender a asegurar una educación de calidad en sus distintos niveles.

Para dar cumplimiento a dicha responsabilidad créase y regúlese un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media..." con el objetivo de "asegurar la equidad, entendida como que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades de recibir una educación de calidad".

De acuerdo a la ley  en el año 2018 la Agencia de Calidad de la Educación (que es parte de la ley 20.529) entregó 4 categorías de desempeño  escolar de acuerdo con el cumplimiento de los objetivos planteados por el sistema educativo: a) desempeño alto, b) desempeño medio, c) desempeño medio bajo y, d) desempeño insuficiente. En este proceso corresponde a la Agencia de Calidad de la Educación, facilitar a los establecimientos con resultados insuficientes todo el apoyo Técnico-Pedagógico y material que sea necesario junto con mantener informados anualmente a los padres de los resultados obtenidos. Si después de cuatro años de calificación insuficiente, aún con el apoyo prestado, el establecimiento pierde el reconocimiento oficial al finalizar el respectivo año escolar.

Como con los resultados escolares del año 2024  se cumple el plazo que fija la ley (descontado los años no considerado por la pandemia) existe la posibilidad (si la ley no se modifica) que varios colegios, por no  haber remontado su desempeño insuficiente no podrán recibir alumnos, los  que deberán ser reubicados y el establecimiento se cierra, situación que afecta especialmente a quienes estudian en recintos escolares de sectores vulnerables con ninguna o pocas posibilidades de acceder a otro colegio que disponga de vacantes y se encuentre ubicado a una distancia que no constituya una dificultad mayor para movilizarse con seguridad desde y hacia su domicilio.

De concretarse la aplicación de la ley muchos estudiantes y sus familias sufrirán las consecuencias. Esta situación se le asigna al Sistema de Admisión Escolar (SAE) creado en el año 2015 para mejorar el proceso de ingreso equitativo al sistema escolar, lo que no se ha logrado, por lo cual en el Congreso Nacional se estudia su modificación.

Para analizar objetivamente las razones de los rendimientos insuficientes de los alumnos (y de paso la admisión escolar) que son tanto de carácter internos como externos al establecimiento escolar, reconocidos, reportados y reclamados por la propia comunidad escolar, padres y apoderados, alumnos, profesores y directivos escolares - en oportunidades tibiamente asumidos por la autoridad- se relacionan con el no cumplimiento de la ley, con los recursos materiales y humanos y el apoyo técnico pedagógico ofrecido por el Estado y por los organismos  responsables de su ejecución, los que resultan insuficientes, que tardan o que no llegan. Si bien los recursos públicos no son ilimitados, existe una deficiente gestión y evaluación de los recursos asignados al sector educación (lo que, al parecer, no se evalúa ni se sanciona como se hace a los alumnos y a la escuela). Por otra parte, no es menos cierto y hay que asumirlo derechamente, aunque no resulte grato, que se hace necesario  fortalecer la gestión interna de los establecimientos, las relaciones profesionales y humanas de los distintos funcionarios, el clima laboral, la relación profesor-alumno, la responsabilidad y disciplina escolar, la participación colaboradora de la familia y el respaldo de las autoridades y la comunidad, entre otros.

La educación de las actuales generaciones y de las nuevas no es responsabilidad solo de la familia y el Estado, y menos de unos pocos, lo es de toda la sociedad en su conjunto, puesto que los problemas por los que atraviesa el sistema educativo son el reflejo de lo que la propia sociedad ha sido capaz de darse a sí misma como educación.

Alejandro Mege Valdebenito.