Este martes concluyó la maratónica audiencia de formalización en el denominado "Caso Audios", donde Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y otros tres imputados enfrentan graves acusaciones de lavado de activos, soborno, cohecho y delitos tributarios.
La investigación, que involucra también a funcionarios públicos, ha generado un amplio revuelo por su magnitud y las implicaciones que podría tener para la transparencia institucional del país.
Tras cinco días de intensos alegatos, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago dictaminó medidas cautelares de prisión preventiva para Hermosilla y Villalobos, argumentando una "sospecha grave y fundada" de que los imputados podrían obstaculizar la investigación.
El tribunal consideró que la libertad de ambos representaría un peligro para la seguridad de la sociedad, dada la naturaleza pluriofensiva de los delitos imputados.
Por su parte, Patricio Mejías, funcionario del Servicio de Impuestos Internos, y Renato Robles, funcionario de la Tesorería General de la República, quedaron bajo arresto domiciliario total y arraigo nacional. Estos funcionarios también están implicados en la red de corrupción y serán investigados junto a los otros acusados durante un plazo de 180 días, decretado por el Ministerio Público.
El "Caso Audios" sigue en la mira de la opinión pública, esperando que la investigación arroje luz sobre los vínculos y el alcance de las actividades ilícitas que han sacudido a diversas instituciones del país.