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La Tribuna

Baja ejecución presupuestaria y deudas: Duro diagnóstico del gobernador Giacaman a administración anterior

por Nicolás Maureira

"Asumimos una realidad crítica", dijo el gobernador regional Sergio Giacaman, a raíz del informe que expone graves falencias financieras y administrativas del organismo bajo el mandato de Rodrigo Díaz.

El gobernador Sergio Giacaman encabeza las reuniones del Consejo Regional de Gobierno. / Cedidas

La nueva administración del Gobierno Regional del Biobío presentó un diagnóstico preliminar que detalla el estado en que se recibió la institución,  revelando eventuales problemas financieros y administrativos del organismo.

"Nos parecía urgente que estos datos los conocieran, porque, finalmente, es como recibimos la región", señaló el gobernador Sergio Giacaman en un punto de prensa el pasado lunes, agregando que "asumimos una realidad crítica heredada de la administración anterior (del exgobernador Rodrigo Díaz)".

PRINCIPALES RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO

Entre los datos más destacados, el informe evidencia que la ejecución presupuestaria en 2024 fue de un 89,5%, una de las cifras más bajas de los últimos años. Esto dejó $11 mil 171 millones sin utilizar, recursos que podrían haber sido destinados a proyectos prioritarios, apuntó el gobernador.

Además, el GORE enfrenta obligaciones financieras inmediatas por $24 mil 401 millones, que incluyen compromisos arrastrados de infraestructura, subvenciones y el pago de facturas impagas. Dentro de esta última categoría se encuentran $15 mil 200 millones adeudados a empresas y proveedores, situación que ha puesto a varios de ellos al borde de la quiebra.

"Que estemos hablando que empresas quiebran por no pago del Gobierno Regional, me parece grave. En el fondo, es reírse de los emprendedores que se harían cargo de soluciones para la ciudadanía", criticó el gobernador.

Sergio Giacaman.

Por otro lado, el diagnóstico informó que más de 2 mil 150 proyectos sociales, culturales y deportivos quedaron sin evaluación ni financiamiento, afectando directamente a comunidades de toda la región.

De esta manera, el presupuesto real disponible se reduce a $105 mil 672 millones, que debe cubrir las demandas operativas y nuevos proyectos para el resto del año.

FALENCIAS EN PLANIFICACIÓN Y DESORDEN ADMINISTRATIVO

El informe también expuso errores significativos en la planificación y ejecución de proyectos clave. Uno de los casos más preocupantes es la compra de terrenos para viviendas sociales en la provincia de Arauco, realizada sin estudios técnicos ni análisis adecuados de los títulos de propiedad.

Otro problema fue la tardanza en la transferencia de recursos al Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), lo que impidió rendir fondos destinados a actividades como el Rally Mundial. Como resultado, estos montos deberán descontarse del presupuesto de 2025.

"El Gobierno Regional no cumplió las expectativas de la ciudadanía y tampoco se hizo cargo de los compromisos que tuvo", señaló Giacaman, añadiendo que "la administración (del exgobernador Rodrigo Díaz) tuvo foco en cualquier cosa, menos en las personas. Y, además, comprometía cosas sin tener temas resueltos".

NUEVAS PRIORIDADES PARA REVERTIR LA CRISIS

Frente a este complejo escenario, Sergio Giacaman anunció una serie de medidas destinadas a revertir la situación heredada. Entre las prioridades de su administración se encuentran el pago a proveedores, la revisión de proyectos abandonados y una auditoría externa.

En cuanto a los pagos pendientes, Giacaman confirmó que el jefe de la División de Presupuesto e Inversión Regional (DIPIR) sostendrá reuniones con organizaciones empresariales para definir un plan de pago. "Son montos importantes, más de $15 mil millones, que debieron haberse transferido el año pasado", afirmó.

MEDIDAS:

  • Pagar a proveedores: Evitar quiebras empresariales y proteger empleos en la región
  • Revisar proyectos abandonados: Evaluar las iniciativas de organizaciones sociales que quedaron rezagadas en la administración anterior
  • Auditoría externa: Contratar una revisión independiente para reforzar la transparencia y eficiencia en la gestión pública
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